Debido a que el consumo de tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública, el diputado Fernando Chávez Méndez presentó una iniciativa de reforma a la Ley  Estatal  de Protección  a  la Salud  de  las  Personas  no  Fumadoras, con el objetivo de establecer la obligación de las familias y de las instituciones para prevenir el consumo de productos derivados del tabaco.

Con  esta reforma, el artículo 20 bis de la ley mencionada establecería que los alumnos,   maestros,   personal   administrativo, padres  de  familia   e  integrantes    de  las asociaciones   de  padres  de familia   de  las  instituciones    educativas,    sean  públicas,   sociales   o privadas,   deberán  coadyuvar   de manera  individual   o colectiva   en la vigilancia    del  cumplimiento    de  esta  ley,  en  particular  para  evitar que niñas,  niños  o adolescentes   consuman  o adquieran,   a través  de cualquier   medio,  productos   derivados  del tabaco.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, se señala que el tabaco  es una  de las mayores   amenazas  para  la salud  pública que ha tenido  que afrontar   el mundo.  Causa el deceso  de más de 7 millones   de  personas   al año,  de las cuales  más  de  6 millones son   consumidores    directos    y  alrededor    de  890  000   son,   "no fumadores", expuestos  al humo ajeno también  conocidos como "fumadores  pasivos".

En  las  estimaciones    de  la  Organización Mundial de la Salud (OMS)  se afirma que al año mueren alrededor de siete millones de personas  en todo  el mundo  a  causa del   tabaco, y que entre ellas, casi un   millón sin haber sido fumadoras, estuvieron expuestas por periodos  prolongados al humo del cigarro.

Las investigaciones revelan que el alcohol y el tabaco han estado permanentemente en las prácticas sociales y su uso ha sido aceptado,   pese a las demostraciones de ser factores de daño a la salud.  Por eso, se han denominado "drogas lícitas".

Es de vital importancia coadyuvar con las acciones de gobierno a fin  de lograr una contención en el consumo de sustancias que dañen    a     los alumnos de las diferentes instituciones educativas, es necesario  fortalecer la prevención.

Por lo anterior, es importante establecer en la ley la obligación  de las familias y de las instituciones educativas la prevención. Hay que recordar que tanto para las familias como para las instituciones sociales públicas y privadas  existe  una corresponsabilidad en cuanto a  la protección que les debemos a niños,  niñas y adolescentes  frente a los riesgos sociales; sostiene la iniciativa que se analiza en las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.