El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, el Decreto que  reforma, y adiciona disposiciones de los artículos, 57, y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de amnistía e indulto.

Esto,  como causas de extinción de la acción penal, y de la facultad para ejecutar las penas y medidas de seguridad; en lo especial, respecto a quién o quiénes deben ser él o los Poderes del Estado que tengan atribuciones para ello.

Con estas reformas, se armoniza el texto local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la facultad para conceder amnistías por delitos del fuero común se conserve en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo del Estado, igual que como sucede en el ámbito federal que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Y en el caso del indulto por delitos del fuero común, la reforma constitucional dispone que esta facultad pasará al ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado, de tal suerte que será este quien pueda conceder dicha gracia, a través de una Comisión Interdisciplinaria creada para tal efecto, en términos de la Ley en la materia que en su momento se expida.

Esto en concordancia con la facultad establecida en la Constitución Federal, que es facultad y obligación del Presidente de la República, conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

En su exposición de motivos, se indica que el derecho de gracia concretado en los institutos de amnistía e indulto actualmente se inserta en el Estado de Derecho, y dependiendo de la legislación de que se trate, dicha facultad pertenecerá al jefe de Estado y en ocasiones al Parlamento.

Se establece, en los artículos transitorios del Decreto, que la LXIV Legislatura contará con un término no mayor a 180 días naturales para expedir la Ley de Amnistía e Indulto del Estado de San Luis Potosí, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.