En sesión ordinaria y previa aprobación por mayoría calificada para dispensar los trámites correspondientes, el pleno de la LXII Legislatura aprobó, con 18 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa que deja sin efecto el proyecto de decreto aprobado por la LXI Legislatura del  Congreso del Estado de San Luis Potosí en sesión extraordinaria del día 7 de septiembre del 2018 por el que determinó que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), respecto a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.

 

En consecuencia, se deja sin efecto la determinación que ordena remitir copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y al Comité de Participación Ciudadana. Además,  se repone el procedimiento a efecto de que la Comisión de Vigilancia de esta LXII Legislatura presente al pleno el dictamen sobre el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, dentro de los plazos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; señala la iniciativa aprobada.

 

Se agrega que en la exposición de motivos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí promulgada el día 11 de junio del 2018 se estableció que: “…la rendición de cuentas es uno de los pilares del sistema democrático de nuestro país. En este sentido, las transformaciones institucionales han implicado reformas de carácter constitucional e institucional, así como la aparición de un nuevo marco legal moderno que profundice en la auditoría, fiscalización y rendición de cuentas, que se traducen en un sistema nacional de fiscalización y un sistema nacional anticorrupción…”, por ello es que, los procedimientos de revisión y autorización de las cuentas públicas deben ser realizados apegados a las Leyes y respetando los tiempos y formas que el propio poder legislativo estableció para tal efecto.

 

En el caso de la resolución con proyecto de decreto votado el día 7 de septiembre del presente año por parte de la LXI legislatura que determina que el Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, de los 113 entes auditables, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables, decisión por demás apartada de las reglas Constitucionales, legales y reglamentarias, trajo como consecuencia una determinación apresurada que dejó una sensación publica de desaseo, que debe ser reparada para evitar cualquier acción constitucional de amparo y protección del poder Judicial de la Federación.

 

Dentro de las anormalidades del procedimiento seguido en la resolución votada el 7 de septiembre del año que corre, se encuentra la violación al artículo 53 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado que establece: “ARTÍCULO 53. En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso del Estado se ocupará de preferencia de aprobar las leyes de ingresos del Estado y las de los municipios, así como de examinar y aprobar el presupuesto de egresos que le presente el Ejecutivo, correspondiente al año entrante. De igual forma se ocupará del análisis y, en su caso, aprobación del informe general e informes individuales que le presente la Auditoría Superior del Estado, respecto de la revisión de las cuentas públicas del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos constitucionales autónomos; y las demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior. En el segundo periodo, el Congreso del Estado se ocupará con la misma preferencia, del inicio y revisión de las cuentas públicas de los poderes del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos autónomos; y demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior, para lo cual contará con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia.”

 

En las hipótesis establecidas en los dos párrafos, resulta claro que el tema de informes de las auditorias o de cuentas públicas debe ser analizado en periodos ordinarios de sesiones del Poder Legislativo y nuestra carta magna local nunca establece como excepción hacerlo en asambleas extraordinarias, pero, ahora bien, aunque es cuestionable la determinación de analizar los informes de auditoría dentro del periodo extraordinario, seria justificable sólo si existiera “urgencia” o “gravedad” para tomar esas decisiones, tal como lo prevé el artículo 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que textualmente prevé: “Artículo 33. Son atribuciones de la Diputación Permanente: I. … II. Convocar al Congreso del Estado a periodo extraordinario de sesiones cuando así lo demanden las necesidades, urgencias o gravedad de las circunstancias, a su juicio o a petición fundada del titular del Ejecutivo del Estado, o de alguno de los diputados;” sin embargo en el momento en que se autoriza la celebración del periodo extraordinario donde se resolvió el presente asunto, no se mencionó el motivo “grave” para tomar esas decisiones en sesión fuera de periodos constitucionales, así como tampoco la “urgencia” ya que el numeral 45 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí tiene como fin de plazo para que la Comisión de Vigilancia someta a votación del Pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 15 de noviembre del año de presentación de la Cuenta Pública, por lo que no se justifica urgencia como motivo para celebrar el periodo extraordinario y discutir la aprobación de los informes de auditoría; sostiene la iniciativa aprobada.

 

Después de este asunto, se turnó, una vez constituidas, a las comisiones de Hacienda del Estado; y Gobernación la iniciativa que propone dejar sin efecto el Decreto por el cual el  Congreso del Estado de San Luis Potosí autoriza al Ejecutivo del Estado afectar hasta dos punto cinco por ciento mensual del Fondo General de Participaciones, como fuente de pago a favor del ISSSTE, para cubrir a nombre y cuenta de la SEGE aportaciones y cuotas correspondientes hasta por la cantidad de $1,225’906,077.14 (mil doscientos veinticinco millones, novecientos seis mil setenta y siete pesos), más intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago, en términos de la Ley del ISSSTE, aprobado en sesión de periodo extraordinario de fecha 7 de Septiembre del 2018.

 

El promovente de esta iniciativa, diputado Edgardo Hernández Contreras, propuso dispensar los trámites correspondientes para que fuera votada este día, sin embargo, el pleno del Congreso del Estado rechazó su petición con 17 votos en contra y 10 a favor, por lo que se turnó a las comisiones legislativas mencionadas.  

 

 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

 

Previa inscripción de los Grupos Parlamentarios y de las Representaciones Parlamentarias, mediante comunicados entregados a la Directiva por los cuales los partidos políticos acreditan a sus coordinadores y representaciones parlamentarias, se formalizó la integración de la Junta de Coordinación Política, con fundamento a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

 

Después de hacer la declaratoria correspondiente, la diputada Sonia Mendoza Díaz,  presidenta de la Directiva, tomó protesta de ley a los  legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio legal de la LXII Legislatura: Edson de Jesús Quintanar Sánchez (MORENA), presidente; Rolando Hervert Lara (PAN), vicepresidente; Héctor Mauricio Ramírez Konishi (PRI), secretario; Paola Alejandra Arreola Nieto (PT), vocal; Cándido Ochoa Rojas (PVEM), vocal; Jesús Emmanuel Ramos Hernández (PRD), vocal; Mario Lárraga Delgado (PES), vocal; Oscar Carlos Vera Fábregat (PCP), vocal; Eugenio Guadalupe Govea Arcos (MC), vocal; y Martha Barajas García (PNA), vocal.

 

 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN LEGISLATIVO; ESPECIALES Y JURISDICCIONALES; ASÍ COMO COMITÉS Y LA REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO ANTE EL CEEPAC.

 

Fueron aprobadas, con 24 votos a favor, 2 en contra y un voto nulo,  las propuestas de la Junta de Coordinación Política para integrar las comisiones permanentes de dictamen legislativo con los siguientes diputados: Comisión de Agua: Mario Lárraga Delgado, presidente; José Antonio Zapata Meraz, vicepresidente; María del Rosario Sánchez Olivares, secretario; y como vocales Angélica Mendoza Camacho, María del Consuelo Carmona Salas, Rosa Zuñiga Luna y María Isabel González Tovar.

 

Comisión de Asuntos Indígenas: Rosa Zúñiga Luna, presidenta; Oscar Carlos Vera Fabregat, vicepresidente; María del Rosario Sánchez Olivares, secretario.

 

Comisión de Asuntos Migratorios: Oscar Carlos Vera Fábregat, presidente; Edgardo Hernández Contreras, vicepresidente; Vianey Montes Colunga, secretario.

 

Comisión de Comunicaciones y Transportes: Alejandra Valdés Martínez, presidente; Rolando Hervert Lara, vicepresidente; Martín Juárez Córdova, secretario; y como vocales Pedo César Carrizales Becerra y Mario Lárraga Delgado.

 

Derechos Humanos, Igualdad y Género: Pedro César Carrizales Becerra, presidente; Alejandra Valdés Martínez, vicepresidente; Martha Barajas García, secretaria; y como vocales Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza Camacho, María Isabel González Tovar y Rolando Hervert Lara.

 

Comisión de Desarrollo Económico y Social: José Antonio Zapata Meraz, presidente; Mario Lárraga Delgado, vicepresidente; Laura Patricia Silva Celis, secretario; y como vocales Rubén Guajardo Barrera y Martha Barajas García.

 

Comisión de Desarrollo Rural y Forestal: Vianey Montes Colunga, presidente; Rosa Zúñiga Luna, vicepresidente y Edson de Jesús Quintanar Sánchez, secretario.

 

Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable: Rolando Hervert Lara, presidente; Marité Hernández Correa, vicepresidente; Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; y como vocales Jesús Emmanuel Ramos Hernández y Sonia Mendoza Díaz.

 

Comisión de Ecología y Medio Ambiente: Cándido Ochoa Rojas, presidente; Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, vicepresidenta; Oscar Carlos Vera Fábregat, secretario.

 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: María del Consuelo Carmona Salas, presidenta; Martha Barajas García, vicepresidenta; Mario Lárraga Delgado, secretario; y como vocales Pedro César Carrizales Becerra, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Cándido Ochoa Rojas y Ricardo Villarreal Loo.

 

Comisión de Gobernación: Martín Juárez Córdova, presidente; Edson de Jesús Quintanar Sánchez, vicepresidente; Sonia Mendoza Díaz, secretaria; y como vocales Rubén Guajardo Barrera, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Paola Alejandra Arreola Nieto y Jesús Emmanuel Ramos Hernández.

 

Comisión Hacienda del Estado: Ricardo Villarreal Loo, presidente; Marité Hernández Correa, vicepresidente; Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; y como vocales María del Consuelo Carmona Salas, José Antonio Zapata Meraz, Laura Patricia Silva Celis y Edgardo Hernández Contreras.

 

Comisión de Justicia: Rubén Guajardo Barrera, presidente; Paola Alejandra Arreola Nieto, vicepresidenta; Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, secretaria; y como vocales Marité Hernández Correa, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares y Edgardo Hernández Contreras.   

 

Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal: Laura Patricia Silva Celis, presidenta; Paola Alejandra Arreola Nieto, vicepresidente; y Jesús Emmanuel Ramos Hernández, secretario.

 

Comisión de Puntos Constitucionales: Paola Alejandra Arreola Nieto, presidenta; Sonia Mendoza Díaz, vicepresidenta;  Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; y como vocales Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Cándido Ochoa Rojas, María Isabel González Tovar y Beatriz Eugenia Rodríguez.

 

Comisión de Salud y Asistencia Social: Angélica Mendoza Camacho, presidenta; Ricardo Villarreal Loo, vicepresidente; Laura Patricia Silva Velis, secretario; y como vocales María del Consuelo Carmona Salas, Vianey Montes Colunga y Cándido Ochoa Rojas.

 

Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal: Eugenio Guadalupe Govea Arcos, presidente; Jesús Emmanuel Ramos Hernández, vicepresidente; Martín Juárez Córdova, secretario; y Vianey Montes Colunga.

 

Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social: Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, presidenta; Rubén Guajardo Barrera, vicepresidenta; Angélica Mendoza Camacho, secretario; y Pedro César Carrizales Becerra, vocal.

 

Comisión de Trabajo y Previsión Social: Martha Barajas García, presidenta; Rosa Zúñiga Luna, vicepresidenta; Alejandra Valdés Martínez, secretario; y Eugenio Guadalupe Govea Arcos, vocal.

 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública: María del Rosario Sánchez Olivares, presidenta; Ricardo Villarreal Loo, vicepresidente; Oscar Carlos Vera Fábregat, secretario; y Eugenio Guadalupe Govea Arcos, vocal.

 

Comisión de Vigilancia: Marité Hernández Correa, presidenta; José Antonio Zapata Meraz, vicepresidente; Martín Juárez Córdova, secretario; y como vocales Alejandra Valdés Martínez, Rolando Hervert Lara, María Isabel González Tovar y Edgardo Hernández Contreras.

 

El Comité de Administración quedó integrado por los diputados: Paola Alejandra Arreola Nieto, presidenta; Alejandra Valdés Martínez, secretaria; y como vocales Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Martha Barajas García y José Antonio Zapata Meraz.

 

Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas: Edson de Jesús Quintanar Sánchez, presidente; Martha Barajas García, secretario; y como vocales Ricardo Villarreal Loo, Martín Juárez Córdova, Paola Alejandra Arreola Nieto y Marité Hernández Correa.

 

Comité de Orientación y Atención Ciudadana: Vianey Montes Colunga, presidenta; María del Consuelo Carmona Salas, secretaria; y como vocales María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras y Mario Lárraga Delgado.

 

Comité del Sistema de Gestión de Calidad: Laura Patricia Silva Celis, presidenta; Ricardo Villarreal Loo, secretario; y como vocales María Isabel González Tovar, Rosa Zúñiga Luna y Edgardo Hernández Contreras.

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: Sonia Mendoza Díaz, presidenta; Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, secretaria; y como vocales Alejandra Valdés Martínez, Rubén Guajardo Barrera, Jesús Emmanuel Ramos Hernández y Mario Lárraga Delgado.

 

Los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) serán por el partido Morena los diputados Alejandra Valdéz Martínez (propietaria) y Pedro César Carrizales Becerrera (suplente).

 

Por el PAN los diputados Rubén Guajardo Barrera (propietario) y José Antonio Zapata Meraz (suplente).

 

Después de su nombramiento los diputados mencionados rindieron protesta de ley para desempeñar su cargo, con excepción de Oscar Carlos Vera Fábregat quien previamente había dicho que no integraría las comisiones legislativas a donde lo asignaron porque no tenía el perfil adecuado para ello, y pidió que lo borrarán de esas listas.

 

 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

 

 

Fueron aprobadas, con 22 votos a favor, 2 en contra y dos abstenciones,  las propuestas de la Junta de Coordinación Política para los nombramientos de Marcelina Oviedo Oviedo, como Oficial Mayor; Martha Elba Zúñiga Barragán, secretaria de Finanzas; César Isidro Cruz, coordinador de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones; Jesús Conde Mejía, Contralor Interno; Lidia Argüello Acosta, coordinadora del Instituto de Investigaciones Legislativas y Juan Pablo Colunga López, coordinador de Servicios Parlamentarios.

 

Después de su nombramiento los funcionarios del Congreso del Estado rindieron protesta de ley para desempeñar su cargo. 

 

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país e Iniciativas.

 

Agotados los agendados la presidenta de la Directiva, diputada Sonia Mendoza Díaz, convocó al pleno de la LXII Legislatura a sesión ordinaria programada a las 10 horas del jueves 27 de septiembre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número 19.