Asegurar la educación inicial y básica de calidad a los niños y niñas de padres jornaleros, es el objetivo de la iniciativa presentada por la diputada Lucila Nava Piña, para adicionar el artículo 53 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.

Con esta reforma, se busca garantizar el acceso a la educación inicial y básica para las niñas, niños y adolescentes de familias migrantes y jornaleras agrícolas, con propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos humanos y género.

La legisladora señala en su exposición de motivos, que anualmente cerca de 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de mejores trabajos, ingresos y oportunidades; los menores hijos de jornaleros agrícolas provienen de comunidades indígenas, por lo que la migración municipal de nuestro estado representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma.

Según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, menos del 10% de estos niños y niñas asiste a la escuela, ya que en su gran mayoría suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas por cambiar de lugar de residencia.

“Debemos tener en cuenta que la inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas; en este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país, puesto que los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo.”

Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41% de los del total familiar.

Señaló que se requiere reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos para contar con cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión, por lo cual la iniciativa busca impulsar la educación inicial en las diversas modalidades con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables.

La propuesta fue turnada para su análisis a las Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género; y, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.