La Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de prevenir y frenar el robo de inmobiliario urbano de los espacios públicos, así como sancionar a aquellos establecimientos o negocios que dentro de sus giros compren, vendan, trabajen y/o utilicen con conocimiento de causa, equipamiento y mobiliario urbano que devenga o haya sido adquirido derivado de un hecho ilícito.

Fue en sesión de trabajo donde las y los diputados de la Comisión de Justicia analizaron, discutieron y aprobaron, el dictamen de la iniciativa para reformar los artículos, 212 en su fracción V, y 218 en su fracción XII del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; reformar el artículo 4° en sus fracciones, XXXIX, y LVI; y adicionar en el Título Décimo Tercero en su capítulo I una sección, ésta como sexta “Retiro y/o cancelación de la licencia de uso de suelo”, y el artículo 288 Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de San Luis Potosí.

El diputado Eloy Franklin Sarabia, explicó que se plantea que en el supuesto de la fracción VI, y después de ser confirmado previo informe el resultado de las visitas e inspecciones por parte del Municipio, se dará cuenta a la autoridad competente para proceder conforme el Código Penal del Estado y demás ordenamientos en la materia. Aunado a lo anterior, es pertinente que la legislación estatal integre los conceptos de “mobiliario y equipamiento urbano”, con lo que se dará certeza jurídica al momento de iniciar cualquier procedimiento administrativo, o  penal, en su caso, en contra de los responsables.

La iniciativa es impulsada por las y los legisladores: José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulices Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.