Con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Estado, compareció ante integrantes de la LXIII Legislatura, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), licenciado Benjamín Pérez Álvarez, a quien se le planteó el grave problema de la “crisis hídrica” que enfrenta el estado, el desabasto de agua como consecuencia de las fallas de la presa “El Realito” y el problema que podría representar la posible puesta en marcha del proyecto “Monterrey VI”.

El desarrollo de la comparecencia estuvo dirigida por los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada Dolores Eliza García Román, presidenta; diputada  Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidenta; diputado Alejandro Leal Tovías, secretario; y diputado José Luis Fernández Martínez, vocal.

Durante la comparecencia, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, pidió información sobre la operación de las plantas tratadoras de agua y, del funcionamiento del sistema “El Peñon” que abastece de agua a comunidades de los municipios de Tamuín y Ébano, en donde la población solicita una bomba para su funcionamiento.

El titular de la CEA, informó que al llegar a la administración estatal, no existía un padrón sobre el número de plantas tratadoras que operan en la entidad y al realizar un estudio se detectó que existen 117 plantas de tratamiento, de las cuales el 70 por ciento no se encuentran en operaciones, ya que no se les dio mantenimiento, a consecuencia del cambio de las administraciones municipales.

Informó que se trabajará de la mano con las autoridades municipales para concretar proyectos para la construcción de plantas de tratamiento.

En el caso del sistema de “El Peñon”, informó que dejo de funcionar por cuestiones financieras y ahora se hace cargo el Comité Rural, pero la solicitud no se ha formalizado ante el Congreso del Estado y comprometió apoyo para la adquisición de la bomba que requiere el sistema de agua.

Los diputados Eloy Franklin Sarabia y el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, solicitaron información sobre las acciones que se han realizado para resolver las constantes fallas del acueducto de la presa “El Realito”. El legislador Franklin Sarabia cuestionó que si se ha analizado la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa y si se han aplicado sanciones por las fallas.

El funcionario respondió que las sanciones se han hecho valer, pero cuando se notifican a la empresa esta las objeta por no estar de acuerdo en la forma en que se plantean, por una cuestión aritmética del suministro; existen penas controvertidas desde marzo del año 2022 que oscilan en 80 millones de pesos. Actualmente se trabaja en presentar un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública para llevar un proceso conciliatorio.

Reconoció que es complicado el tema de la rescisión del contrato con la empresa operadora de la presa “El Realito”, ya que como antecedentes, el Contrato de Prestación de Servicio, se establece que la construcción inicio en el año 2009, en el año 2015 entró en operación y en el año 2016 se registró la primera falla; para el 2022 se registraron 50 fallas, y durante el presente año ya superan las 20.

Puntualizó que el actual gobierno, es el único que ha exigido acciones de intervención en el caso de rehabilitación del ducto con una inversión que tuvo que cubrir la empresa.

La concesión de “El Realito” nos lleva hasta el año 2036 y los componentes de pago de las tarifas, son tres: T1, tarifa de inversión; T2. Tarifa de mantenimiento; y T3, tarifa de consumo. Las dos primeras las absorbe el Gobierno del Estado.

La primera la erogación mensual es de 15 millones de pesos; la segunda es por 5 millones de pesos; y la T3 que cubre el organismo operador. Dijo que para tener una idea de los que implica cubrir los montos hasta el 2036, y esto implicaría que se tendrían que pagar a la concesionaria 2,810 millones de pesos; más los gastos que se generen por la disolución del fideicomiso, más las fianzas que se podrían generar.

En caso de que el Estado hiciera números y se tomara la decisión de rescindir el contrato de Prestación de Servicio, éste  contempla que una vez que se finiquite, la CEA sería la titular de la infraestructura de “El Realito”, la cual se entregaría muy deteriorada, y sería necesaria la ampliación presupuestal para llevar a cabo su operación y reparación.

El diputado José Luis Fernández Martínez, solicitó información el Punto de Acuerdo que aprobó el Congreso del Estado pidiendo que se abriera una investigación federal sobre la operación de los recursos y la Secretaría de la Función Pública contesto que se abrió una carpeta de investigación; y sobre la calidad del agua que distribuye “El Realito” ya que de acuerdo a la Secretaría de Salud no es apta para consumo humano.

El funcionario informó que se tiene conocimiento de que se abrió una investigación de parte de la SFP. En el caso de la calidad del agua, existe comunicación con la COEPRIS para cumplir con la normatividad.

El diputado José Luis Fernández pidió su opinión sobre la propuesta que existe de desaparecer al organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), que se encuentra rebasado en la distribución del agua en los municipios de la Capital Potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

El titular del CEA, coincidió que es un organismo sobrepasado en operación, con una nómina abultada ya que la mayoría del personal es administrativo, con problemas de cartera vencida.

La diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón, cuestionó si existen programas para evitar el desperdicio de agua y para que no se utilice en la industria el agua para consumo humano.

El funcionario estatal explicó que se planteará a la industria implementar acciones para el uso exclusivo de agua tratada en sus sistemas de operación.

La diputada Bernarda Reyes Hernández pidió el apoyo para realizar los trámites y  lograr el cambio de zona para las tarifas por consumo de energía eléctrica en municipios de la Huasteca potosina, que es una petición que existe desde hace varios años, por los altos que se generar por las altas temperaturas que se registran en la zona. El funcionario indicó que el tema se tratará con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aprovechando los lazos institucionales que existen.

La diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga pidió información sobre el proyecto de la construcción de la presa “La Maroma” en el Altiplano Potosino. El titular de la CEA informó que actualmente el proyecto se encuentra suspendido, por varias causas, entre ellas: Se detectó que era un proyecto sobrevaluado, técnicamente el proyecto no coincidía con la inversión; existe un juicio de garantía por grupos de comunidades y porque afectaba a una zona de Wirikuta con una parte del embalse; pero, anunció que se analiza replantear el proyecto.

La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero pidió información sobre el problema de aguas negras al que se enfrentan vecinos de la Avenida Seminario. El funcionario explico que, se debe a las descargas irregulares que realizan los fraccionamientos de la zona y, anunció que el Gobernador del Estado ya dio instrucciones para que se inicie un proyecto de encausamiento pluvial que implica una red  de drenaje.

El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió información sobre el destino que le han dado a los ingresos por pago de penas convencionales o bien de los ahorros por descuentos de penas en el pago de tarifas a la empresa Aquos El Realito.

Benjamín Pérez, respondió que el destino al pago de las penas se da en notas de crédito a favor del INTERAPAS para disminuir el pago por recepción de agua, las cuales se encuentran en una etapa de conciliación.

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, pidió una opinión sobre el acompañamiento que podría dar la CEA en caso de que se logre la municipalización de la Delegación de Villa de Pozos. Respondió que al darse este proceso se daría un acompañamiento en la parte administrativa y operativa.

El diputado Alejandro Leal Tovías, planteó la posibilidad de abrir la inversión privada a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para lograr las inversiones que se requieren en materia de infraestructura hidráulica, como se han realizado las construcciones de carreteras en el país. El funcionario consideró que esas medidas deberían ser plateadas por el propio organismo operador.

Por su parte el diputado René Oyarvide Ibarra, pidió una postura dela dependencia sobre el proyecto “Monterrey VI”, que busca llevar agua de los ríos de la Huasteca potosina al estado de Nuevo León.

El titular de la CEA, puntualizó que los estudios del proyecto datan del año 2011, los cuales, ya están desfasados a las condiciones actuales de la zona. En concreto vamos en contra del proyecto, para analizarlo se deben presentar estudios actuales.

Agotadas las participaciones, se dio por concluida la comparecencia.