La legisladora, Lucila Nava Piña, consideró que el papel de una Contraloría Municipal tiene que ser el de un órgano preventivo y no político, dijo, “su rol es el control interno, de evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo; que coadyuve para el correcto funcionamiento del gobierno municipal, y debe desempeñarse fundamentalmente para prevenir, sin menoscabo de su acción para sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos”.

Por ello, impulso la iniciativa que reformó los artículos 31 inciso C Fracción II, modificando el párrafo primero y adicionando los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, se modifica la fracción V del artículo 70 para eliminar la palabra “Contralor”, y se modifican las fracciones I y II del artículo 85 bis, de la Ley Orgánica del Municipio Libre

Consideró que lo que los gobiernos y los ciudadanos necesitan y demandan son Contralorías que verdaderamente vigilen el correcto uso de los recursos públicos, así como todos los procesos y procedimientos de obra pública, enajenaciones, compras, licitaciones, que funcionen auténticamente como entes preventivos y coadyuven con la transparencia y la honestidad, así como el fomento al desarrollo administrativo.

El motor que impulsa su trabajo legislativo desde el principio, es el beneficio de la sociedad, por ello, hizo la observación de que en los últimos veinticinco años se ha realizado un importante proceso de transferencia de funciones, recursos federales y estatales hacia los municipios, se aplicación de fórmulas y mecanismos, de vigilancia del ejercicio, control y evaluación de los resultados alcanzados; ayudando a fortalecerlos y revirtiendo el papel de gestores de demandas de su población ante las instancias de la federación y el estado.

Dijo que si se toma en cuenta la importancia estratégica de las aportaciones y participaciones federales a las entidades federativas y municipios para proveerle de los servicios, la insuficiente estructura de los ayuntamientos ha disminuido su impacto y resultados.

Expresó que las debilidades en el desarrollo institucional municipal se deben al conjunto de acciones insuficientes que permitan conocer, medir, evaluar, controlar y mejorar la gestión de las entidades.

Establecer reglas claras y puntuales, reforzando la capacitación, asistencia técnica, equipamiento y adecuación de los marcos jurídicos.

“Los gobiernos municipales deberían constituirse en promotores del desarrollo social de sus comunidades, pero gran cantidad de ellos tienen recursos muy limitados y problemas en el pago de su gasto corriente”; enfatizó.