En sesión de trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa presentada por el diputado J. Guadalupe Torres para ampliar la duración del segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciaría el 15 de enero y concluiría el 15 de julio.

De esta manera, se ampliará la duración del segundo periodo ordinario de sesiones, ya que actualmente inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de junio.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, se indica que al aumentar los plazos de los periodos de sesiones, el Congreso del Estado contaría con mayor espacio para seguir trabajando con los temas propios de esta autoridad, y por ende, sería mayor el número de caso que pudieran dársele salida, disminuyendo así el rezago legislativo y aumentando su productividad en beneficio de los potosinos.

Agrega que al aumentar el plazo del segundo periodo ordinario de sesiones, se podrá dar salida a una mayor cantidad de asuntos por parte de las comisiones, y una respuesta cabal y puntual a la demanda de la ciudadanía potosina.

El dictamen que reforma el artículo 52 de la Constitución Política del Estado; los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado será presentado al pleno para su votación durante los próximos trabajos ordinarios.

Por otra parte, la Comisión de Puntos Constitucionales determinó como improcedente la Minuta con Proyecto de Decreto que Modifica las disposiciones de los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y Registros Civiles.

Esto en virtud de que los legisladores consideraron que no es viable el aprobar esta Minuta, ya que se vulneraría la soberanía de las entidades federativas, pues éstas ya no podrían legislar válidamente en la materia de mecanismos alternativos de solución de controversias; la organización y el funcionamiento de los registros civiles; y los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de justicia cívica e itinerante, lo cual debilitará las atribuciones reservadas a los estados y se excluiría de la competencia para legislar sobre estos temas a las legislaturas locales.

El dictamen respectivo también será turnado a consideración del pleno para su votación en los siguientes trabajos.