La diputada María Isabel González Tovar presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar y al Código de Procedimientos Civiles, para que en las diligencias del divorcio, los cónyuges podrán hacerse representar por un procurador, lo que actualmente no se permite y se obliga a que deberán comparecer personalmente y, en su caso, acompañados del tutor especial.

Señala que con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos, la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los Municipios, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es así que por mandato Constitucional es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, a través de sus funcionarios públicos establecer las garantías y los mecanismos necesarios para la defensa y promoción de los derechos humanos, aplicando en todo momento la disposición más favorable e interpretarlos conforme a los tratados internacionales.

La legisladora González Tovar expuso que el divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio. La acción de divorcio sólo se extingue por la muerte de uno o ambos cónyuges. Las dos formas de divorcio para disolver el vínculo matrimonial son: incausado, cuando cualquiera de los cónyuges lo solicite, sin que se requiera que se señale la causa, razón o motivo que genere la petición.

El otro es el voluntario, cuando ambos cónyuges pueden convenir en divorciarse, en cuyo caso se tramitará por la vía judicial, ante el Juez Familiar, o Mixto; o de forma administrativa ante el Oficial que designe el Director del Registro Civil en el Estado.

La iniciativa de la diputada para que las personas que tramiten un divorcio puedan ser representadas por un procurador, se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.