El presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, pidió un voto de confianza al trabajo que desarrolla la Auditoria Superior del Estado (ASE) en torno al proceso de  fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El legislador dejó en claro que lejos de colores o ideologías partidistas, aquellos que resulten responsables de irregularidades en su ejercicio serán sancionados de acuerdo a la ley e incluso, si existen elementos suficientes, serán turnados a la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

No obstante, consideró que en estos momentos sería aventurado establecer criterios en torno a los resultados que arroje el proceso de fiscalización de los entes auditables, pues se encuentran en el proceso de desahogo y posteriormente será la propia Auditoria Superior del Estado la encargada de emitir la resolución definitiva en torno a las cuentas públicas en lo particular.

El legislador Guadalupe Torres Sánchez señaló tajantemente que no habrá condición alguna para negociar los resultados de las cuentas públicas, pues aquellos que resulten responsables de haber aplicado mal los recursos públicos, serán sujetos a las sanciones correspondientes.

“El blindaje legal absoluto será aplicado de acuerdo a la ley, trátese de quien se trate, aunque en estos momentos se tiene que generar un voto de confianza sobre el trabajo que pueda desarrollar la Auditoria” acotó.

En lo que corresponde al Congreso del Estado se estará trasparentando todo lo relacionado al manejo de los recursos, por lo tanto, los ciudadanos deberán estar confiados en que no habrá componendas durante el proceso de revisión, es decir, “no va haber absolutamente ninguna circunstancia a la legalidad que involucre, el resultado de la fiscalización de las cuentas públicas 2016”, sentenció.

Por último reconoció que en estos momentos sería prematuro hacer señalamientos sobre el comportamiento en el manejo de las cuentas públicas de parte de los alcaldes, pues deberá de transcurrir el tiempo establecido dentro de la ley, para que la Auditoria Superior del Estado, emita los dictámenes finales en torno al proceso de fiscalización de todos los entes auditables.