En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por mayoría, con 20 votos a favor y 1 abstencion, un punto de acuerdo que presentó el diputado Manuel Barrera Guillén para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí invite al delegado de la Procuraduría General de la Republica (PGR) a una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, con el fin de que explique el avance que se tiene sobre las investigaciones de los homicidios dolosos que se presupone ha perpetrado el crimen organizado en la entidad, así como de las políticas de prevención del delito que está realizando.

 

Lo anterior por ser de importancia y relevancia para la sociedad en general el trabajo que está realizando la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad, en particular sobre los avances de las investigaciones en los homicidios que se presupone ha ejecutado el crimen organizado en esta circunscripción territorial y sobre las políticas de prevención del delito que se están llevando a cabo por dicha instancia de gobierno.

 

En el punto de acuerdo aprobado se hace referencia a notas periodísticas del dos de marzo del año en curso en donde se publica que en dos meses se han presentado 57 homicidios dolosos en el Estado de San Luis Potosí, de los cuales 32 por la forma de su ejecución fueron perpetrados por el crimen organizado.

 

Después de este asunto, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la totalidad de los diputados de la LXI Legislatura para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que legisle en materia de paridad de género en las candidaturas a gobernador para que sean aplicables en el próximo proceso electoral.

 

En el punto de acuerdo aprobado se señala que con fecha 10 de mayo de 2016, se expidió  Acuerdo  del Consejo  General  del Instituto  Nacional Electoral, en el que conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 232, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la jurisprudencia 7/2015, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en  candidaturas   a  legisladores   federales y  locales, presidentes municipales, ayuntamientos, regidores y síndicos.  En tal virtud, el principio de paridad de género no resulta aplicable  para las candidaturas  a Presidente  de los Estados  Unidos Mexicanos y  Gobernador, en atención  al carácter unipersonal de dichos cargos de elección popular.

 

Sin embargo, se estima que se deben emitir reglas para que la paridad de género alcance a las candidaturas a gobernador, ya que al día de hoy sólo 6 mujeres han sido gobernadoras en el territorio mexicano: Griselda Álvarez Ponce de León quien fue la primera en gobernar un Estado y encabezó la administración en el Estado de Colima de 1979 a 1985; Beatriz Paredes, quien fue gobernadora del Estado de Tlaxcala de 1987- 1992; Rosario Robles Berlanga, quien fue Jefa del Gobierno del Distrito Federal de 1999-2000; Dulce María Sauri Riancho, quien gobernó el Estado de Yucatán de 1991 a 1994; Amalia García Medina quien estuvo al frente de la gubernatura del Estado de Zacatecas de 2004-2010; y la más reciente Ivonne Ortega Pacheco, quien fue gobernadora del Estado de Yucatán de 2007 a 2012.

 

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Meráz Rivera para que el Congreso del  Estado de  San  Luis  Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado Dr. Juan Manuel Carreras López a que a la brevedad sea conformado  un Fondo  Revolvente  de Acción  Emergente  para Atender los Efectos del Estiaje en San Luis Potosí, el cual se integraría con recursos estatales, estaría destinado a apoyar a los productores ganaderos, se asignaría por medio de las distintas asociaciones  ganaderas  en la entidad,  estableciéndose  la cantidad  en conformidad  con su número de  agremiados   y  los  fondos disponibles   y  sería manejado totalmente   por  la dependencia competente por parte del Poder Ejecutivo del Estado, apegándose su operación a las reglas de legalidad y transparencia y deberá ser destinado exclusivamente a la realización del objetivo para el que fue creado.

 

Lo anterior por el escenario derivado de las dificultades que se presentan para los productores  ganaderos durante el estiaje y de la alta posibilidad de que haya sequía, por ello se propone  que el Poder Ejecutivo  integre un instrumento de apoyo económico emergente y preventivo que sirva de apoyo para la compra de alimentos para ganado y para generar esquemas de almacenamiento y abasto de agua para estar preparados  y  asegurar  buenas condiciones  para el ganado.

 

La disposición oportuna de este financiamiento es vital para evitar que se generen daños que luego son irremediables,  y para poder generar  las ganancias  que luego lo harán recuperable.  Se propone el instrumento de financiación sea un fondo revolvente, conformado con fondos estatales, del cual se asignará una cantidad a cada Asociación Ganadera del Estado, y el monto que se asigne dependerá del tamaño del padrón de agremiados de cada asociación. El fondo será conformado y manejado por la dependencia competente por parte del Poder Ejecutivo del Estado, y su operación, por su puesto, se apegará a las reglas aplicables, para su uso y manejo transparente y destinado exclusivamente a este problema. Además, el fondo revolvente puede ser una alternativa o un complemento factible y económicamente viable para los apoyos destinados a la ganadería en época de estiaje; según establece el punto de acuerdo aprobado.

 

Se aprobó por mayoría, con 14 votos a favor, 2 abstenciones y 6 votos en contra, un punto de acuerdo que presentó el diputado José Luis Romero Calzada  para que el Congreso del Estado exhorte al presidente municipal de la capital de San Luis Potosí para que en uso de sus atribuciones legales instale, o en su caso, habilite un sitio o espacio público que reúna las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para la práctica del BMX (siglas de Bicycle motocross), en el que se pueda acceder al equipamiento con el que ya se cuenta para tales efectos, a fin de que los deportistas de dicha rama puedan realizar sus entrenamientos, clínicas, talleres y demás eventos respectivos.

 

 

DICTÁMENES

 

 

Se aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 1 abstención, expedir la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí con la cual se otorgará a este Centro la autonomía de gestión y el manejo directo de su patrimonio, para agilizar y concentrar los esfuerzos y recursos del gobierno en un entramado único en el que las mujeres que sufren violencia puedan reconocerse como sujetas plenas de derecho, y en los que la atención integral se refleje finalmente en resultados medibles y reales en su vida y en la de su familia.

 

Es decir, en la satisfacción de sus expectativas de seguridad jurídica y el alcance de ese fin último que es el de la justicia, entendida no sólo como la aplicación del derecho para la solución de conflictos de manera oportuna, imparcial y eficaz, sino además como el aporte y seguimiento que las instituciones proporcionen a las mujeres para el logro y consolidación de su empoderamiento.

 

En el dictamen aprobado se señala que se creó el Centro de Justicia para Mujeres, mediante Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de mayo del 2012.

 

El Decreto Administrativo por el que se crea el Centro de Justicia para Mujeres, surge como resultado del Programa de Acceso a la Justicia para Mujeres promovido en las entidades federativas  por el Consejo  Nacional  de Seguridad  Pública del Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, calificado como un programa de prioridad nacional para alcanzar los ejes estratégicos del referido Sistema.

 

El Centro de Justicia para Mujeres, en cumplimiento del modelo nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,  ha dirigido sus esfuerzos a la coordinación, articulación y vinculación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, ofreciéndoles atención integral, especializada y multidisciplinaria, con perspectiva de género y de derechos humanos, todo bajo el mismo techo.

 

Este Centro se ha propuesto fomentar la cultura de la denuncia, reducir la impunidad y brindar apoyo a las mujeres en la construcción  de un proyecto de vida sin violencia que dé  sustento a su desarrollo integral y al de su familia, brindando sus servicios a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas -con pleno respeto a los derechos de la niñez- en un ambiente seguro y confiable en el que puedan recibir la atención debida.

 

Sin embargo, el Centro de Justicia para Mujeres en la práctica, ha enfrentado serias dificultades para lograr que las diversas instituciones que deben coordinarse para brindar la multiplicidad de servicios y atención que se requiere se integren en el mismo espacio físico, cuestión que resulta indispensable para evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia, y evitar su desánimo ante la idea de tener que ocurrir a diversas oficinas para recibir la atención que requieren.

 

Consideramos por ello, que debe darse al Centro de Justicia para Mujeres, una naturaleza jurídica asignada por ley, que le otorgue la autonomía de gestión y el manejo directo de su patrimonio, para agilizar y concentrar los esfuerzos y recursos del gobierno en un entramado único en el que las mujeres que sufren violencia puedan reconocerse como sujetas plenas de derecho, y en los que la atención integral se refleje finalmente en resultados medibles y reales en su vida y en la de su familia, es decir en la satisfacción de sus expectativas de seguridad jurídica y el alcance de ese fin último que es el de la justicia, entendida no solo como la aplicación del derecho para la solución de conflictos de manera oportuna, imparcial y eficaz, sino además como el aporte y seguimiento que las instituciones proporcionen a las mujeres para el logro y consolidación de su empoderamiento.

 

A propuesta de los diputados J. Guadalupe Torres Sánchez y Oscar Carlos Vera Fábregat se suprimió el artículo 76 de la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, debido a que sus preceptos que se proponían ya los contempla el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

 

Fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor y 1 abstención, reformar la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosía a fin de establecer el concepto  de actividades  pirotécnicas,  con la intención  de darle certeza  y seguridad jurídica  a las atribuciones y acciones que la propia normativa confiere a las autoridades en la materia.

 

Con esta reforma se indica que las actividades  pirotécnicas  implican  la   fabricación,  uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de fuegos de pirotecnia y se establecen las bases para que la autoridad en el rubro salvaguarde la integridad física y el patrimonio de las personas, en aras del bienestar y el bien común de la sociedad.

 

Se ajusta el artículo 62 de este ordenamiento, para fijar que las autoridades de protección civil del Estado deben de vigilar y supervisar las actividades de pirotecnia, con el fin de dotar a estas instancias gubernamentales de las facultades indispensables para actuar antes, durante y después de estas actividades.

 

Se aprobó por unanimidad reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que se debe  implementar  el  modelo homologado  de  unidad de  policía cibernética, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí; Ley de Asistencia Social para el Estado de San Luis Potosí; y Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí,  a fin de dar claridad sobre el otorgamiento de los subsidios a instituciones de asistencia social.

 

También para dar certeza sobre la entrega, revisión y certificación de las instituciones de asistencia social, se incorpora en las leyes de la materia, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), sea el organismo rector para entrega y refrendo de los subsidios o donativos para dichas instituciones.

 

REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y COMISIONES LEGISLATIVAS

 

Con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, fue reestructurada la presidencia y secretaría de la Junta de Coordinación Política para el lapso del 14 de marzo de 2017 al 13 de septiembre de 2018, rindiendo protesta de ley  para desempeñar esos cargos los diputados Enrique Alejandro Flores Flores y Fernando Chávez Méndez, respectivamente.

 

Flores Flores  y Chávez Méndez rindieron protesta de esos cargos al ser  coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI del Congreso del Estado, respectivamente.

 

También,  los diputados Gerardo Serrano Gaviño y Mariano Niño Martínez rindieron protesta como presidente y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, respectivamente.

 

Además Mariano Niño Martínez y  Gerardo Serrano Gaviño rindieron protesta como presidente y vicepresidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, respectivamente.

 

En asuntos generales los diputados Josefina Salazar Báez, José Luis Romero Calzada, Oscar Carlos Vera Fábregat y Oscar Bautista Villegas participaron en la Tribuna Legislativa para desarrollar diversos temas.

 

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.

 

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del jueves 16 de marzo del año 2017 en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.

 

En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por mayoría, con 20 votos a favor y 1 abstencion, un punto de acuerdo que presentó el diputado Manuel Barrera Guillén para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí invite al delegado de la Procuraduría General de la Republica (PGR) a una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, con el fin de que explique el avance que se tiene sobre las investigaciones de los homicidios dolosos que se presupone ha perpetrado el crimen organizado en la entidad, así como de las políticas de prevención del delito que está realizando.

 

Lo anterior por ser de importancia y relevancia para la sociedad en general el trabajo que está realizando la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad, en particular sobre los avances de las investigaciones en los homicidios que se presupone ha ejecutado el crimen organizado en esta circunscripción territorial y sobre las políticas de prevención del delito que se están llevando a cabo por dicha instancia de gobierno.

 

En el punto de acuerdo aprobado se hace referencia a notas periodísticas del dos de marzo del año en curso en donde se publica que en dos meses se han presentado 57 homicidios dolosos en el Estado de San Luis Potosí, de los cuales 32 por la forma de su ejecución fueron perpetrados por el crimen organizado.

 

Después de este asunto, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la totalidad de los diputados de la LXI Legislatura para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que legisle en materia de paridad de género en las candidaturas a gobernador para que sean aplicables en el próximo proceso electoral.

 

En el punto de acuerdo aprobado se señala que con fecha 10 de mayo de 2016, se expidió  Acuerdo  del Consejo  General  del Instituto  Nacional Electoral, en el que conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 232, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la jurisprudencia 7/2015, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en  candidaturas   a  legisladores   federales y  locales, presidentes municipales, ayuntamientos, regidores y síndicos.  En tal virtud, el principio de paridad de género no resulta aplicable  para las candidaturas  a Presidente  de los Estados  Unidos Mexicanos y  Gobernador, en atención  al carácter unipersonal de dichos cargos de elección popular.

 

Sin embargo, se estima que se deben emitir reglas para que la paridad de género alcance a las candidaturas a gobernador, ya que al día de hoy sólo 6 mujeres han sido gobernadoras en el territorio mexicano: Griselda Álvarez Ponce de León quien fue la primera en gobernar un Estado y encabezó la administración en el Estado de Colima de 1979 a 1985; Beatriz Paredes, quien fue gobernadora del Estado de Tlaxcala de 1987- 1992; Rosario Robles Berlanga, quien fue Jefa del Gobierno del Distrito Federal de 1999-2000; Dulce María Sauri Riancho, quien gobernó el Estado de Yucatán de 1991 a 1994; Amalia García Medina quien estuvo al frente de la gubernatura del Estado de Zacatecas de 2004-2010; y la más reciente Ivonne Ortega Pacheco, quien fue gobernadora del Estado de Yucatán de 2007 a 2012.

 

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Meráz Rivera para que el Congreso del  Estado de  San  Luis  Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado Dr. Juan Manuel Carreras López a que a la brevedad sea conformado  un Fondo  Revolvente  de Acción  Emergente  para Atender los Efectos del Estiaje en San Luis Potosí, el cual se integraría con recursos estatales, estaría destinado a apoyar a los productores ganaderos, se asignaría por medio de las distintas asociaciones  ganaderas  en la entidad,  estableciéndose  la cantidad  en conformidad  con su número de  agremiados   y  los  fondos disponibles   y  sería manejado totalmente   por  la dependencia competente por parte del Poder Ejecutivo del Estado, apegándose su operación a las reglas de legalidad y transparencia y deberá ser destinado exclusivamente a la realización del objetivo para el que fue creado.

 

Lo anterior por el escenario derivado de las dificultades que se presentan para los productores  ganaderos durante el estiaje y de la alta posibilidad de que haya sequía, por ello se propone  que el Poder Ejecutivo  integre un instrumento de apoyo económico emergente y preventivo que sirva de apoyo para la compra de alimentos para ganado y para generar esquemas de almacenamiento y abasto de agua para estar preparados  y  asegurar  buenas condiciones  para el ganado.

 

La disposición oportuna de este financiamiento es vital para evitar que se generen daños que luego son irremediables,  y para poder generar  las ganancias  que luego lo harán recuperable.  Se propone el instrumento de financiación sea un fondo revolvente, conformado con fondos estatales, del cual se asignará una cantidad a cada Asociación Ganadera del Estado, y el monto que se asigne dependerá del tamaño del padrón de agremiados de cada asociación. El fondo será conformado y manejado por la dependencia competente por parte del Poder Ejecutivo del Estado, y su operación, por su puesto, se apegará a las reglas aplicables, para su uso y manejo transparente y destinado exclusivamente a este problema. Además, el fondo revolvente puede ser una alternativa o un complemento factible y económicamente viable para los apoyos destinados a la ganadería en época de estiaje; según establece el punto de acuerdo aprobado.

 

Se aprobó por mayoría, con 14 votos a favor, 2 abstenciones y 6 votos en contra, un punto de acuerdo que presentó el diputado José Luis Romero Calzada  para que el Congreso del Estado exhorte al presidente municipal de la capital de San Luis Potosí para que en uso de sus atribuciones legales instale, o en su caso, habilite un sitio o espacio público que reúna las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para la práctica del BMX (siglas de Bicycle motocross), en el que se pueda acceder al equipamiento con el que ya se cuenta para tales efectos, a fin de que los deportistas de dicha rama puedan realizar sus entrenamientos, clínicas, talleres y demás eventos respectivos.

 

 

DICTÁMENES

 

 

Se aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 1 abstención, expedir la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí con la cual se otorgará a este Centro la autonomía de gestión y el manejo directo de su patrimonio, para agilizar y concentrar los esfuerzos y recursos del gobierno en un entramado único en el que las mujeres que sufren violencia puedan reconocerse como sujetas plenas de derecho, y en los que la atención integral se refleje finalmente en resultados medibles y reales en su vida y en la de su familia.

 

Es decir, en la satisfacción de sus expectativas de seguridad jurídica y el alcance de ese fin último que es el de la justicia, entendida no sólo como la aplicación del derecho para la solución de conflictos de manera oportuna, imparcial y eficaz, sino además como el aporte y seguimiento que las instituciones proporcionen a las mujeres para el logro y consolidación de su empoderamiento.

 

En el dictamen aprobado se señala que se creó el Centro de Justicia para Mujeres, mediante Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de mayo del 2012.

 

El Decreto Administrativo por el que se crea el Centro de Justicia para Mujeres, surge como resultado del Programa de Acceso a la Justicia para Mujeres promovido en las entidades federativas  por el Consejo  Nacional  de Seguridad  Pública del Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, calificado como un programa de prioridad nacional para alcanzar los ejes estratégicos del referido Sistema.

 

El Centro de Justicia para Mujeres, en cumplimiento del modelo nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,  ha dirigido sus esfuerzos a la coordinación, articulación y vinculación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, ofreciéndoles atención integral, especializada y multidisciplinaria, con perspectiva de género y de derechos humanos, todo bajo el mismo techo.

 

Este Centro se ha propuesto fomentar la cultura de la denuncia, reducir la impunidad y brindar apoyo a las mujeres en la construcción  de un proyecto de vida sin violencia que dé  sustento a su desarrollo integral y al de su familia, brindando sus servicios a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas -con pleno respeto a los derechos de la niñez- en un ambiente seguro y confiable en el que puedan recibir la atención debida.

 

Sin embargo, el Centro de Justicia para Mujeres en la práctica, ha enfrentado serias dificultades para lograr que las diversas instituciones que deben coordinarse para brindar la multiplicidad de servicios y atención que se requiere se integren en el mismo espacio físico, cuestión que resulta indispensable para evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia, y evitar su desánimo ante la idea de tener que ocurrir a diversas oficinas para recibir la atención que requieren.

 

Consideramos por ello, que debe darse al Centro de Justicia para Mujeres, una naturaleza jurídica asignada por ley, que le otorgue la autonomía de gestión y el manejo directo de su patrimonio, para agilizar y concentrar los esfuerzos y recursos del gobierno en un entramado único en el que las mujeres que sufren violencia puedan reconocerse como sujetas plenas de derecho, y en los que la atención integral se refleje finalmente en resultados medibles y reales en su vida y en la de su familia, es decir en la satisfacción de sus expectativas de seguridad jurídica y el alcance de ese fin último que es el de la justicia, entendida no solo como la aplicación del derecho para la solución de conflictos de manera oportuna, imparcial y eficaz, sino además como el aporte y seguimiento que las instituciones proporcionen a las mujeres para el logro y consolidación de su empoderamiento.

 

A propuesta de los diputados J. Guadalupe Torres Sánchez y Oscar Carlos Vera Fábregat se suprimió el artículo 76 de la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, debido a que sus preceptos que se proponían ya los contempla el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

 

Fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor y 1 abstención, reformar la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosía a fin de establecer el concepto  de actividades  pirotécnicas,  con la intención  de darle certeza  y seguridad jurídica  a las atribuciones y acciones que la propia normativa confiere a las autoridades en la materia.

 

Con esta reforma se indica que las actividades  pirotécnicas  implican  la   fabricación,  uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de fuegos de pirotecnia y se establecen las bases para que la autoridad en el rubro salvaguarde la integridad física y el patrimonio de las personas, en aras del bienestar y el bien común de la sociedad.

 

Se ajusta el artículo 62 de este ordenamiento, para fijar que las autoridades de protección civil del Estado deben de vigilar y supervisar las actividades de pirotecnia, con el fin de dotar a estas instancias gubernamentales de las facultades indispensables para actuar antes, durante y después de estas actividades.

 

Se aprobó por unanimidad reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que se debe  implementar  el  modelo homologado  de  unidad de  policía cibernética, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí; Ley de Asistencia Social para el Estado de San Luis Potosí; y Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí,  a fin de dar claridad sobre el otorgamiento de los subsidios a instituciones de asistencia social.

 

También para dar certeza sobre la entrega, revisión y certificación de las instituciones de asistencia social, se incorpora en las leyes de la materia, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), sea el organismo rector para entrega y refrendo de los subsidios o donativos para dichas instituciones.

 

REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y COMISIONES LEGISLATIVAS

 

Con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, fue reestructurada la presidencia y secretaría de la Junta de Coordinación Política para el lapso del 14 de marzo de 2017 al 13 de septiembre de 2018, rindiendo protesta de ley  para desempeñar esos cargos los diputados Enrique Alejandro Flores Flores y Fernando Chávez Méndez, respectivamente.

 

Flores Flores  y Chávez Méndez rindieron protesta de esos cargos al ser  coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI del Congreso del Estado, respectivamente.

 

También,  los diputados Gerardo Serrano Gaviño y Mariano Niño Martínez rindieron protesta como presidente y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, respectivamente.

 

Además Mariano Niño Martínez y  Gerardo Serrano Gaviño rindieron protesta como presidente y vicepresidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, respectivamente.

 

En asuntos generales los diputados Josefina Salazar Báez, José Luis Romero Calzada, Oscar Carlos Vera Fábregat y Oscar Bautista Villegas participaron en la Tribuna Legislativa para desarrollar diversos temas.

 

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.

 

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del jueves 16 de marzo del año 2017 en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.