En reunión de trabajo, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron un Punto de Acuerdo que insta exhortar al Fiscal General del Estado a establecer mecanismo de denuncia específico para casos de discriminación y erradicación de violencia contra mujeres; que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros que implica capacitar al ente autónomo sobre aplicación de Convención y leyes de lucha en la materia.

Además, al Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado, aprobar hoja de ruta con recursos, calendario y metas mensurables para que autoridades estatales y municipales apliquen normas para prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia de facto de mujeres, en particular, indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad, y pertenecientes a colectivos de diversidad sexual, entre otras.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de esta comisión legislativa y promovente de este exhorto, señala que el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.

Señala que a dicho Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.

El CEDAW ha exhortado a México revisar sus estrategias preventivas para invertir los efectos negativos de la estrategia de seguridad para las mujeres y las niñas y así dar cumplimiento a sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres.

Los dictámenes serán turnados al Pleno para su votación.