Con el objetivo de abonar a la realización del trabajo de salvar vidas, a iniciativa del diputado Héctor Mendizábal Pérez la LXI Legislatura aprobó exhortar al Ejecutivo del Estado a que, a través del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca un convenio de coordinación con la dirección del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” para formular los lineamientos que permitan instalar una oficina del Ministerio Público en el nosocomio.

La finalidad es que se puedan agilizar los procedimientos legales en materia de donación y recepción de órganos, entre otros asuntos relativos a la función del hospital.

El tiempo de actuación resulta crucial para el éxito de un trasplante, según datos del propio Hospital un corazón en paro tiene apenas cinco minutos de viabilidad para ser trasplantado, un hígado 15 minutos y un riñón hasta media hora, y una de las acciones que más podría abonar a la realización del trabajo de salvar vidas, no requiere más que de la voluntad política, mediante la firma de un convenio que permita la instalación de una oficina del Ministerio Público dentro del Hospital Central, que agilice las autorizaciones legales correspondientes, explica el punto de acuerdo aprobado.

Se agrega que desde su puesta en marcha en 1946 el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” es la entidad de salud pública más importante del estado de San Luis Potosí, y día con día atiende de manera profesional a un sinnúmero de pacientes sin distinción alguna, incluso a sabiendas de que no podrán cubrir ni siquiera los costos de su tratamiento, por lo cual busca patrocinadores privados y aportaciones del presupuesto, recursos que nunca serán suficientes para atender con eficacia a una población creciente.

Sus programas y prestigio atraen cada vez a más personas de la región y del país, siendo uno de los más exitosos el programa de trasplantes iniciado en 1992, mismo que ha alcanzado reconocimiento nacional y el patrocinio de la Fundación Carlos Slim, con más de 500 trasplantes de riñón.

Se puntualiza que según el reporte de defunciones del Hospital Central, el 45%, es decir 41 casos, de los decesos referentes a casos médico legales, ocurridos entre enero y la primera quincena de agosto del 2016, fueron de cadáveres susceptibles a donación de órganos, dado lo cual, se justificaría la presencia permanente de una Oficina del Ministerio Público dentro de las instalaciones del nosocomio, a fin de agilizar los trámites legales correspondientes y dar viabilidad a un mayor número de trasplantes.

Por lo anterior, el pleno del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Mendizábal Pérez.