Con el objetivo de que las instituciones estatales y municipales fortalezcan las acciones para revertir los efectos del cambio climático, el Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo impulsado por el diputado José Antonio Lorca Valle para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y a los 58 Ayuntamientos de la Entidad, para que analicen formular y firmar un convenio emergente, con el propósito de realizar acciones significativas en torno al cambio climático y su impacto.

El legislador establece que ya existen condiciones adversas, por ejemplo; se reporta que desde 2012 empezó a disminuir la cantidad de lluvia en San Luis Potosí hasta llegar a su nivel más bajo que fue en 2017, con 617.7 milímetros. Eso es uno de los factores que, junto con la falta de infraestructura para almacenar agua causa que 36 de los 58 municipios de San Luis Potosí tengan mediana o alta vulnerabilidad ante el cambio climático, y 20 estén en baja vulnerabilidad.

Respecto al impacto de fenómenos climáticos inusuales causados por el aumento de temperatura, como huracanes y tormentas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que San Luis Potosí, junto con Tamaulipas y Veracruz, en el futuro tendrán los mayores niveles de riesgo por inundación por desborde de ríos.

En caso de continuar en este rumbo, el futuro que los datos actuales proyectan para nuestro estado, es de un aumento constante de temperatura, periodos prologados e intensos de sequias, y eventuales tormentas que pongan en riesgo a la población y a la infraestructura.

Contra esa perspectiva de futuro para San Luis Potosí, que significa un deterioro global en nuestra calidad de vida, así como escasez y encarecimiento de recursos como agua, cultivos y carne producidos en el estado, al igual como altos costos en daños, todavía se puede hacer algo.

Los reportes citados, son claros al señalar que el calentamiento global del país se debe ante todo a la actividad humana, de lo que se desprende que es posible cambiar estas proyecciones mediante las acciones adecuadas.

Por tanto, está en manos de la sociedad, pero son las autoridades, quienes poseen la capacidad de utilizar diferentes instrumentos tanto al aplicar la Ley, como al diseñar programas específicos para cada caso, y lograr así un impacto más notorio.