Con el objetivo de ampliar el Programa contra el Tabaquismo e incluir acciones específicas contra el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno propuso una iniciativa para modificar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

Señala que en los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores ha crecido de manera significativa en México, especialmente entre adolescentes y jóvenes,  presentados inicialmente como una alternativa al tabaco, pero que han demostrado generar graves riesgos a la salud, incluyendo afectaciones pulmonares, cardiovasculares y adicciones a la nicotina.

Agrega que la Ley General de Salud, reformada en diciembre de 2025, estableció la prohibición absoluta de la producción, importación, distribución, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, reconociendo su impacto negativo en la salud pública. Sin embargo, en el ámbito estatal, la Ley de Salud de San Luis Potosí únicamente contempla programas contra el tabaquismo tradicional, sin mencionar de manera expresa a los vapeadores.

El legislador manifiesta que esta omisión genera un vacío normativo que dificulta la implementación de campañas locales de prevención y la coordinación con autoridades federales para informar a la población sobre la ilegalidad de su venta. La falta de claridad en la legislación estatal puede provocar que jóvenes y familias desconozcan que estos productos están prohibidos y que su comercialización constituye un delito.

Por ello, resulta indispensable que el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí se amplíe para incluir de manera expresa a los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

La reforma propuesta busca que la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, implemente campañas permanentes de prevención y concientización, dirigidas especialmente a jóvenes y familias, que expliquen de manera clara que los vapeadores son ilegales y dañinos para la salud.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.