Con el propósito de establecer una definición amplia y técnicamente adecuada de violencia digital, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, a fin de reconocer y atender las nuevas formas de violencia que afectan a este sector de la población mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta considera como violencia digital cualquier acción u omisión realizada a través de plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones, dispositivos electrónicos o cualquier medio tecnológico, que produzca afectaciones a la dignidad, seguridad, integridad, patrimonio, privacidad o derechos de las personas adultas mayores.

El legislador señaló que esta reforma fortalece el principio de progresividad de los derechos humanos y dota al marco jurídico estatal de herramientas conceptuales acordes con las realidades contemporáneas, permitiendo una mejor articulación institucional para la prevención, atención y erradicación de las formas de violencia digital.

La iniciativa establece de manera expresa que, la violencia digital comprende toda conducta que tenga por objeto o resultado afectar, limitar, menoscabar, vulnerar o poner en riesgo la dignidad, integridad, patrimonio, privacidad, seguridad o derechos de las personas adultas mayores.

Asimismo, incluye conductas relacionadas con fraude digital, suplantación de identidad, difusión indebida de información personal, hostigamiento, amenazas y cualquier otra forma de afectación cometida mediante medios digitales, independientemente de que sus efectos se produzcan en el entorno virtual o físico.

Lara Rocha destacó que la propuesta también contempla que cualquier conducta análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores será considerada como violencia digital.

La iniciativa plantea reformar la fracción XXIV del artículo 5º, así como adicionar el inciso h), recorriéndose el actual inciso h) para convertirse en el inciso i), de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí; fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis, y dictamen correspondiente.