El Congreso del Estado busca coadyuvar a que la ciudadanía de San Luis Potosí cuente con las obras y servicios adecuados y a que efectivamente se esté preservando el orden social y garantizando la continuidad en la prestación de los bienes y servicios, verificando que existan los elementos necesarios para obtener las mejores condiciones en el mercado, tanto en calidad como en servicio y con oportunidad en la entrega.

Para lograrlo, es indispensable que las instituciones públicas rindan información completa y suficiente sobre los procedimientos de licitación y adjudicación que generan en la utilización de los recursos, para verificar que la dependencias están realizando de manera cabal, honesta y transparente su función principal, que es prestar el mejor servicio, con calidad, economía y oportunidad, consideró el diputado Jesús Cardona Mireles al presentar una iniciativa que insta reformar la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que las instituciones públicas deberán rendir informe ante el Congreso del Estado, en forma trimestral a más tardar el día quince del mes siguiente al periodo de que se trate, especificando todo tipo de licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hayan efectuado.

Para el caso de incumplimiento al párrafo que antecede se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí:

Las sanciones administrativas consistirán en: I. Amonestación, pública o privada; II. Apercibimiento, público o privado; III. Multa; IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión, de tres días a seis meses; V. Destitución del puesto, y VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público. 

En la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se señala que los titulares de las instituciones públicas tienen como obligación principal la atención y la contratación de las obras y servicios que la ciudadanía requiere, aplicando el recurso que se asigna para cada proyecto. 

Debido a que estos egresos son solventados con recursos tanto federales como estatales y municipales, y que los recursos que integran estas participaciones se reciben en dichas instituciones con un retraso considerable, se presenta frecuentemente la necesidad de obviar el procedimiento de licitación y adjudicación, sin permitir que se busque el mejor precio, calidad y servicio, siendo evidente que exista la posibilidad de que no se cumpla con las expectativas del proyecto y se propicie la opacidad en la contratación correspondiente, sostiene la iniciativa.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda del Estado para su análisis correspondiente.