A las comisiones de Desarrollo Rural y Forestal y Ecología y Medio Ambiente fue turnada la iniciativa que propone la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentables del Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos se menciona que, el estado de San Luis Potosí, no cuenta con litorales marítimos, sin embargo si existen importantes cuerpos de agua como presas, lagunas y ríos, en los que se llevan a cabo actividades pesqueras que deben ser reguladas en el territorio del estado con base en le referida Ley General, así como las actividades relacionadas con la producción de especies de cultivo.

La iniciativa establece que las atribuciones que corresponden al Ejecutivo del Estado, serán ejercidas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), la que, por su naturaleza y objeto de sus atribuciones cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio de las mismas y establece las herramientas y mecanismos para que ésta genere un mayor impulso y apoyo a las actividades acuícolas y pesqueras en el Estado.

La propuesta regula la expedición de permisos, se establece el Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca y se crea el Registro Estatal en la misma materia, para generar un mayor control, orden, inspección y vigilancia de dichas actividades y preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable y sostenible de la acuacultura y pesca en esta entidad y se establece el Fondo Estatal para su impulso y apoyo.

También establece los medios para que la pesca y acuacultura se desarrollen y se consoliden como una actividad generadora de empleos, encaminada a favorecer en los productores el arraigo a la tierra, generar que dichas actividades se conviertan en una alternativa de ocupación digna y permanente, al generar alimentos de alto valor nutricional, sobre todo en las localidades con mayores índices de marginación en el Estado, con el objeto de elevar su calidad de vida y contribuir a la suficiencia alimentaria del Estado en esta materia.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Desarrollo Rural y Forestal y Ecología y Medio Ambiente para su análisis y posteriormente ser enviada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y votación.