La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea reformar el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar expresamente la igualdad salarial entre mujeres y hombres a la Constitución de nuestro Estado, con la finalidad de ayudar a llevar a la práctica las garantías de igualdad sustantiva.

La iniciativa plantea la reforma al artículo 8, para incorporar que “el Estado garantizará que a trabajo igual corresponderá salario igual entre hombres y mujeres”. 

En la exposición de motivos, la legisladora Emma Idalia Saldaña plantea que “existe un aspecto en el cual todavía es necesario fortalecer el principio de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. El Estado promoverá la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres en la vida pública, económica, social y cultural, y se trata de la desigualdad salarial”.

Puntualizó que en la entidad y de acuerdo al Consejo Estatal de Población en el año 2022, “el porcentaje de mujeres que trabajan y ganan menos de un salario mínimo es de 32.5 por ciento, mientras que el de los hombres es de 23.9 por ciento”.

El porcentaje de la brecha salarial entre mujeres y hombres en San Luis Potosí, es de 14.6%, ocupando el lugar número 13 de mayor a menor diferencia entre las entidades del país. Esto de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, a partir de reportes salariales del Instituto Mexicano del Seguro Social, según datos publicados en marzo de este año 2023.

Las estadísticas disponibles señalan que esta brecha salarial es una realidad en nuestro país y sus implicaciones tienen un gran impacto, ya que reproduce las condiciones de desigualdad que causan la dependencia y la violencia económica de las que muchas mujeres son víctimas, además de configurar condiciones estructurales de desigualdad y desventaja, al considerar que en la mayoría de los hogares, además de recibir un sueldo menor, las mujeres también tienen que realizar el trabajo doméstico sin ningún tipo de compensación económica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.