El diputado Marco Antonio Gama Basarte, coordinador de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, para favorecer un reparto más equitativo de recursos a los partidos políticos y, limitar la sobre representación en el caso de las coaliciones.

También aumentar el número de debates obligatorios entre personas candidatas, promover debates mensuales fuera de procesos electorales en pro de la cultura política democrática y crear mecanismos para blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado, entre otros.

Establece que en caso de que alguna autoridad judicial acredite la intromisión por parte del crimen organizado, por medio de la comprobación de vínculos de éste con candidatos ganadores, la elección se declarará nula, para los efectos de las leyes aplicables.

“En Movimiento Ciudadano partimos de dos premisas fundamentales para entrar en la discusión de una reforma electoral: la primera, es que una reforma electoral debe surgir de la pluralidad de las fuerzas políticas, especialmente de las oposiciones, no desde el poder, y menos desde un poder tan centralizado y con pretensiones hegemónicas”

“La segunda es que dichas reformas electorales, deben tener como cualidad primigenia fortalecer las garantías de la democracia: las de certeza a todos los que participan en el proceso, de equidad, de competencia, de legalidad, de justicia electoral, de juego limpio y de piso parejo. Sobre todo, cualquier reforma electoral que se apruebe debe garantizar certidumbre y, por ello, evitar cualquier tipo de regresión al pasado de partido hegemónico, al país de un solo hombre y a la política sin pluralismo y sin ciudadanía”.

El diputado Gama Basarte añadió que “esta propuesta considera que la búsqueda de un financiamiento público más equitativo responde a un principio de justicia, que permita a todos los partidos competir en condiciones similares, especialmente frente a aquellos con estructuras más robustas. Por ello, se plantea que el 70% de los recursos destinados a los partidos se distribuyan de manera igualitaria, y el 30% restante se otorgue conforme a los votos obtenidos, invirtiendo las proporciones actuales”.

También se considera esencial mantener a la ciudadanía informada sobre las posturas de los partidos, no solo durante los procesos electorales. Por ello, se propone aumentar los debates obligatorios: tres para candidatos a gubernatura y dos para candidatos a diputados. Adicionalmente, se sugiere que, en períodos sin elecciones, se realicen debates temáticos mensuales entre representantes de los partidos en pro de una cultura política democrática que involucre a la ciudadanía en la comprensión de los asuntos públicos y la democracia deliberativa.

Finalmente, se propone también establecer que se efectuará un debate en cada municipio que sea considerado cabecera municipal en los distritos, con la misma finalidad de acercar y difundir entre los ciudadanos las propuestas de las y los candidatos.

“Uno de los retos más graves es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y, eventualmente, en las instituciones de gobierno. Una respuesta ha sido establecer candados a los candidatos para evitar vínculos con estas estructuras. Sin embargo, es crucial que tales medidas respeten la constitucionalidad, protegiendo el derecho a ser votado y el principio de la presunción de inocencia; esto último tanto como parte del derecho fundamental al debido proceso, como para proteger la imagen de toda aquella persona, sobre la que no haya recaído sentencia firme”.

Se plantea ampliar las facultades de la Comisión Permanente de Fiscalización del órgano electoral, permitiendo auditorías sobre intereses y evolución patrimonial de los candidatos, lo que contribuirá a detectar posibles irregularidades, dicha disposición se sustenta en la transparencia de los servidores públicos.

De igual manera, se propone incorporar al catálogo de infracciones de aspirantes, precandidatos y candidatos, la verificación judicial de vínculos con el crimen organizado; en caso de comprobarse, se declararía la inelegibilidad y se perdería el registro de candidatura. Esta medida protege el proceso electoral sin vulnerar derechos, ya que dependería de la autoridad judicial y del debido proceso establecer una medida que tendría eficacia jurídica con independencia de su momento procesal.

La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.