La Comisión de Justicia analizará la iniciativa que propone adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí y del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de generar mayor protección a las mujeres que decidan su embarazo y que estén sufriendo violencia familiar así también para el tipo de violencia por razón de género.

La iniciativa propone que cuando el delito de violencia familiar se persiga de oficio cuando cometa contra de una mujer embarazada o durante los tres meses posteriores al parto, y se incrementen las penas previstas en una mitad más de las ya establecidas. Actualmente, este delito se sanciona con una pena de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a seiscientos días de la unidad de medida y actualización.

También, en los casos en que se presente una solicitud de divorcio incausado, el juez que tome conocimiento del caso, pueda decretar las medidas provisionales necesarias, a fin de proteger a la familia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, las personas incapaces, personas con discapacidad, así como para erradicar cualquier tipo de violencia por razones de género.

En la exposición de motivos, se indica que, si una mujer embarazada es víctima de violencia, no solo se verá afectada directamente, sino también afecta al embrión, e incluso después del embarazo.

Se indica que esto representa un asunto de vital importancia para el Estado y obliga a las autoridades a tomar medidas y analizar cada asunto con perspectiva de género, y así generar políticas públicas que procuren el bienestar de ambos.

La violencia representa una complicación mayor a las mujeres que decidan sobre su embarazo, por tanto, debe erradicarse y sancionarse como mayor amplitud en San Luis Potosí, como ya se realiza en otros estados del país como Yucatán, Oaxaca y Nuevo León, que cuentan con legislación para sancionar la violencia en contra de mujeres embarazadas.