Para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en la formulación, actualización, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación que los involucren o sean de su interés, la diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 5° del Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Indica la iniciativa propuesta, que las autoridades estatales y municipales, están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes permanente y activa.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce plenamente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derecho, y obliga a los Estados Partes a diseñar, implementar y evaluar, permanentemente, políticas públicas, mecanismos y estructuras legales que promuevan, protejan y garanticen tales prerrogativas.

Uno de los principios rectores de dicha Convención es “la participación”, que se refiere a que los niños, niñas y adolescentes como personas y sujetos de derechos, pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afectan. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, económica o educativa de un país

Por ello, señala la legisladora, se busca incorporar el reconocimiento de este derecho de la niñez, relativo a la participación en la formulación y evaluación de instrumentos de planeación, ya que si bien es cierto, que el artículo 5° de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece expresamente que los planes y programas del proceso de planeación estratégica servirán para inducir la participación democrática e igualitaria de las mujeres y hombres, no menos cierto lo es que el mismo omite referirse, de manera precisa y específica, al grupo de atención prioritaria de la niñez.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Hacienda del Estado y Derechos Humanos.