La diputada Rebeca Terán Guevara, presentó una iniciativa de reforma al artículo 16 de  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el cual se busca que se atienda y se implementen estrategias y acciones que permitan la prevención y erradicación de la violencia en contra de mujeres con discapacidad.

Mediante esta reforma, la legisladora busca establecer como competencia del Ejecutivo del Estado, por parte de la Secretaría General de Gobierno, el promover programas de información y prevención en la materia, considerando las necesidades, características y situaciones de las mujeres con discapacidad.

En su exposición de motivos, la diputada señala que de acuerdo a las observaciones emitidas por el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las estrategias para erradicar la violencia hacia las mujeres deben considerar como uno de sus enfoques prioritarios el de la visibilización de los grupos doblemente vulnerables, como las mujeres con discapacidades.

Detalla, que ellas son  quienes sufren mayor riesgo de padecer violencia, debido a que entre otros motivos disminuyen sus posibilidades de defensa personal ante el agresor, es menos habitual que trabajen y eso las aísla al ámbito doméstico e incrementa sus posibilidades de sufrir dependencia económica o debido a que tienen mayor dependencia a la asistencia o cuidados del agresor.

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se afirma reconocer que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.

Asimismo en su artículo 16, establece que los Estados adoptarán las medidas carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género y para que los servicios de protección tengan en cuenta el género y la discapacidad.

“Por lo anterior, es necesario que el Estado considere las necesidades, características y situaciones de las mujeres con discapacidad, en la elaboración y promoción de programas de información y prevención de violencia contra la mujer, para su pleno acceso a una vida libre de violencia”, manifiesta la legisladora.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género