Sábado 10 de Agosto 2024 San Luis Potosi, Hora Local 04:00,

LXIII LEGISLATURA


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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Proveedores de instituciones públicas deberán acreditar pago de fianzas

Para que las actividades y operaciones que realicen las instituciones del Estado en materia de adquisiciones se realicen en condiciones de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, el diputado Fernando Chávez presentó una iniciativa de adición al artículo 47 a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

 

Busca establecer que las fianzas que sean presentadas por parte de los proveedores, sean acompañadas por el comprobante de pago respectivo.

 

La Ley de Adquisiciones del Estado tiene como objetivo regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto y ejecución de las adquisiciones de bienes, así como la contratación de arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, para los podres del Estado, ayuntamientos y organismos.

 

Manifestó que la Ley establece esta obligación a los proveedores de cumplir la presentación de una fianza, para el cumplimiento de los compromisos signados con los entes públicos; sin embargo, en la práctica se presentan pólizas de fianzas que tienen vigencia de un mes y en el peor de los casos, estas no son pagadas, solo presentan a la autoridad la póliza emitida sin hacer efectivo el pago de la misma.

 

Esto, sin lugar a dudas deja un vacío legal, ya que al momento de que por cualquiera de los supuestos, éstas no tendrían validez para resarcir cualquier violación a los procedimientos de licitación enmarcados en la norma en cuestión.

 

Por lo anterior, se hace necesario que en la Ley se mandata que la fianza que sea presentada por el proveedor venga acompañada con el recibo de pago de dicha fianza, con esto sin duda se dará mayor certidumbre a la autoridad en la realización de los procedimientos de licitación.

 

“Con las reformas antes descritas se promueve que las actividades y operaciones que realicen las instituciones del Estado, en materia de adquisiciones, se realicen en condiciones de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, de manera que prevalezca el interés del Estado en términos de economía, calidad y oportunidad”, manifiesta.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado.