Con el objetivo de frenar el robo de equipo agrícola que representa una grave pérdida económica para los campesinos y ganaderos de la entidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma  el artículo 218 en sus fracciones, XVII y XVIII en su párrafo segundo; y adiciona al mismo artículo 218 la fracción XIX del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Con  ello, se precisa que “para establecer en el apartado de robo calificado, el apoderamiento de maquinaria, insumos o equipos para la engorda de ganado o la producción de leche; alimento para ganado; insumos o equipo agrícola; forestal o frutícola, cometido en la huerta, parcela, heredad, sembradío, invernadero o en cualquier otro lugar, dentro del inmueble en que se realice la actividad agrícola, forestal o frutícola. Con esto, quienes lo cometan, se harán acreedores a sanciones correspondientes al robo simple, aumentadas en una mitad”.

El diputado René Oyarvide Ibarra, promovente de la iniciativa puntualizó que “aunado a las adversidades que enfrenta el campo como consecuencia de la sequía, se le agrega el robo que sufren de su maquinaria, equipo e insumos”.

Algunas de las consecuencias que produce este ilícito son: El problema social que representa, al afectar a pequeños productores que tienen como única propiedad sus cosechas o la incipiente maquinaria agrícola que han adquirido con los ahorros de toda su vida.

Es una limitante para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, pues significa una sangría para los productores de todos tamaños. Repercute de manera indirecta en los precios a los que los productores venden sus cosechas, lo que nos afecta a todos.

Puntualizó que es necesario proteger el patrimonio de los campesinos y ganaderos de la entidad, debido a que el Gobierno del Estado ha incrementado los apoyos económicos y materiales para incrementar la productividad.

El Gobierno del Estado ha trabajado en diversos programas en apoyo al campo, en uno de ellos entregó 75 tractores, para productores de 16 municipios de todo el Estado, con una inversión de más de 40 millones de pesos; se entregaron 2 mil quinientos paquetes de herramienta agrícola para labores de cultivo a 2 mil 500 productores de catorce municipios de las cuatro zonas del Estado, con una inversión de 12 millones de pesos con participación estatal, municipal y de productores.

Explicó que con estas reformas al Código Penal del Estado se busca dar herramientas a los jueces para poder sancionar con mayor rigor a quienes cometan el delito de robo de equipo que afecta al sector agropecuario.