A iniciativa de la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar el artículo 143 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Con el objetivo de establecer  que el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia colabore con los ayuntamientos en el rescate de espacios públicos con fines de prevenir la violencia.

En la reforma aprobada se indica que para mejorar el servicio de seguridad pública, el Centro Estatal y las instancias de coordinación que prevé esta Ley, promoverán la participación de la comunidad, y tendrán como objetivo actuar sobre las causas que originan la violencia y la delincuencia.

Por medio de este ajuste normativo se establece un punto de partida para la realización de acciones dirigidas y planeadas, enfocadas a la recuperación de espacios públicos en la entidad, sobre todo en los municipios de alta urbanización y zonas metropolitanas, y como un complemento a las estrategias de seguridad tradicionales.

En la seguridad pública intervienen elementos multifactoriales, por eso, para obtener resultados estructuralmente efectivos, se requiere atender varios aspectos y encontrar formas de involucrar a la sociedad; según se señala en el dictamen aprobado.

Agrega que la seguridad pública es un bien jurídico tutelado por el Estado, de la mayor prioridad en su agenda. De ahí la obligación gubernamental de proveer a los ciudadanos de seguridad, tranquilidad y certeza sobre su integridad personal, patrimonial y social. Para cumplir con ese cometido, la ley en la materia ha pasado por diversas adecuaciones e incluido nuevos criterios y marcos de referencia, se han agregado la coordinación institucional; la eficiencia organizacional; la transparencia administrativa; y la participación ciudadana.

La inclusión de ese criterio refleja una tendencia en los últimos años, en la que se ha reconocido el valor de la participación ciudadana en la seguridad pública, tratándose de un nuevo paradigma que, incluso, en algunas ocasiones, se sustituye el término seguridad pública por seguridad ciudadana.