Con el propósito de prevenir cualquier situación de riesgo en perjuicio de los niños y niñas que son atendidos en estancias o guarderías infantiles, es necesario que las autoridades competentes de San Luis Potosí, establezcan una puntual revisión que permita evitar situaciones extraordinarias como las ocurridas hace 7 años en la guardería ABC de Hermosillo Sonora.

La Presidenta de la Comisión Especial de Protección Civil en el Congreso del Estado, diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, hizo un llamado a las autoridades para que asuman con responsabilidad su obligación de verificar el estado en que se encuentran operando estos espacios, tomando en cuenta que es de gran importancia que las Estancias o Guarderías Infantiles en San Luis Potosí, tengan los requerimientos necesarios de seguridad para hacer de su espacio un lugar cálido y de calidad para las niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajadoras, madres estudiantes y padres solos que reciben el servicio de cuidado y atención.

Recordó que a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y la reforma constitucional del 2000 al artículo 4°, niñas y niños comienzan a ser sujetos del derecho público y no solo de la familia, por lo cual el Estado es responsable de que se aplique el principio precautorio a las acciones realizadas respecto de las guarderías y estancias infantiles, a fin de favorecer sobre todas las cosas el interés superior de los niños y niñas.

La diputada Esther Angélica Martínez, sostuvo que en México estos derechos se establecen en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sin embargo, se ha dejado de lado el derecho a la protección civil y los mecanismos necesarios para garantizarlo.

Dijo que como madre trabajadora y como legisladora, “no me permito olvidar aquel lamentable incidente ocurrido hace 7 años en el trágico incendio del 5 de junio del 2009, donde en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, murieron 49 niñas y niños de entre cinco meses y cinco años de edad, 76 más resultaron heridos, muchos de ellos con severos daños que hacen necesarios tratamientos de por vida”.

Además lamentó que dicha estancia infantil, no contaba con extintores, detectores de humo, ni salidas de emergencia adecuadas, pues fueron los mismos padres de familia y vecinos quienes tuvieron que abrir boquetes en los muros para poder sacar a los niños, además de que la guardería estaba sobrepoblada, ya que tenía autorización para recibir solamente a 170 infantes, pero en la realidad contaba con 211.

Consideró la legisladora que aunque existen ya, sentencias condenatorias en contra de 19 personas por su responsabilidad en estos acontecimientos, también existen 49 familias incompletas, cuyos hijos no tuvieron garantizado el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.