El Congreso del Estado lleva a cabo una proceso a fondo de reingeniería jurídica para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) sea un órgano moderno, con nuevas reglas, nuevas estructura orgánica y cumpla su compromiso de fiscalizar los recursos públicos que son de las y los potosinos, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado José Luis Fernández Martínez.

Dio a conocer que en estos momentos se está procesando un nuevo marco jurídico para la ASE y en el próximo periodo ordinario de sesiones, se elegirá a la nueva auditora o auditor que se hará cargo de la institución, ya que en la actual hay una encargada de despacho que es la responsable de todo el trabajo ordinario de fiscalización que se lleva a cabo. “Estamos construyendo un nuevo órgano de fiscalización en cuanto al formato porque el actual está agotado, no goza de buena reputación, hay muchas dudas y señalamientos cada que lleva a cabo un trabajo de revisión de cuentas, por eso vamos a entregarle al Estado un órgano moderno y con nuevas reglas, situación que se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones”.

Asimismo, el legislador Fernández Martínez señaló que la diputada o el diputado que ocupe la presidencia de la Directiva en el próximo periodo ordinario de sesiones, no surgirá del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, ya que hay una prohibición expresa debido a que él, como integrante de ese grupo, preside la JUCOPO. “Por lo pronto estamos enfocados en sacar adelante el periodo extraordinario de sesiones que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de agosto, con temas de gran relevancia para las y los potosinos y el asunto de la presidencia de la Directiva no es un tema que vaya a entretenernos demasiado porque siempre se han privilegiado con los consensos, acuerdos y diálogo”.

Expuso que esta Legislatura en el primer año de ejercicio legal ha sacado adelante grandes temas como la gratuidad en las placas y licencias de conducir, que favorecen a las familias en términos de economía, además la aportación al nuevo esquema de seguridad con la creación de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, el equipamiento de titularidades que estaban acéfalas como la llegada del Fiscal General del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y la renovación del Poder Judicial del Estado.