La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable aprobó en sesión de trabajo la iniciativa que establece los Montos para Obra Pública y Servicios Relacionados  para el año 2017.

El diputado Jorge Luis Díaz Salinas, presidente de esta comisión legislativa, manifestó que para el 2017 se ampliarán los montos máximos para los rubros de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública en sus modalidades de obra pública y servicios relacionados, con el fin de que los municipios puedan agilizar los trámites para la realización de obras públicas en beneficio de la población.

Así, se propone que en obra pública, el monto para la adjudicación directa sea de $0.01 hasta un millón de pesos; para invitación restringida desde un millón de pesos 01 centavos y hasta 2 millones 800 mil pesos; y,  para licitación pública de 2 millones 800 mil pesos. 01 centavos en adelante.

Para el caso de servicios relacionados, en adjudicación directa desde $0.01 hasta 300 mil pesos; en invitación restringida de 300 mil pesos 01 centavos y hasta 600 mil pesos; y, en licitación púbica de 600 mil pesos 01 centavos en adelante.

Indicó que puesto que los recursos que provienen de la federación serán más escasos el próximo año, se busca que los municipios cuenten con una capacidad de respuesta más rápida para ejercer el presupuesto en obras y acciones para que cuenten con una mayor oportunidad de bajar recursos.

“Hay que ayudar a las presidencias municipales para que den más agilidad, vienen muchos recortes y si se tardan en meter estimaciones se pierde mucho tiempo y tarda mucho la obra, cuando llega el dinero viene tarde y todavía en las licitaciones se pierden hasta 60 días, se pasan los plazos”, dijo.

Agregó que los presidentes municipales tendrán que observar la legislación en lo relacionado a la rendición de cuentas y la fiscalización, ya que el hecho de que puedan ampliarse dichos montos no los exime de sus responsabilidades en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia.

 Además, se autorizó la donación de un predio del Ejecutivo del Estado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el municipio de Ciudad Fernández, para uso de sus oficinas administrativas.

Ambos dictámenes serán turnados a la Directiva para incorporarlos a los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones.