Las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de 27 votos a favor, exhortar respetuosamente, al Gobernador del Estado de Jalisco, al Fiscal General del Estado de Jalisco, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco a que generen mecanismos de comunicación, efectivos y constantes, con las y los familiares de los jóvenes potosinos desaparecidos Alan Michel Martínez Vargas, Calep Adonai Maldonado Monsiváis, Jorge Rodríguez Ortiz e Israel Andrade Hernández.

De igual manera que consideren establecer una mesa de trabajo interinstitucional, con las y los familiares, en su calidad de víctimas indirectas, para atender las solicitudes y propuestas concretas de trabajo para avanzar en las investigaciones.

El Punto de Acuerdo, promovido por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, señala que a más de un mes de la desaparición de los cuatro potosinos, las amistades y familiares de ellos siguen exigiendo que las autoridades jaliscienses actúen con mayor diligencia, que se les escuche y que les den resultados.

Recordó que el pasado 26 de julio siete jóvenes procedentes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., fueron detenidos por sujetos desconocidos; de los 7 entregaron 3, a supuestas autoridades estatales de Jalisco y desaparecieron a los otros 4.

Lo anterior, cuando se dirigían a trabajar a Tonalá, Jalisco. La última vez que fueron avistados fue en esa fecha cerca de Lagos de Moreno, Jalisco. Los cuatro laboran para una empresa de mantenimiento industrial e incluso iban a bordo de una camioneta Ford Ranger roja, modelo 2013, propiedad de la compañía Mantenimiento y Soluciones Industriales (MYSI).

El tema ha cobrado otro relieve al definirse líneas de investigación que revelan la participación de Policías Estatales y al menos un policía municipal, tratándose entonces de una probable desaparición forzada. El principal problema que manifiestan los familiares de las víctimas es que en todo este tortuoso camino, desde el día de la desaparición, no han contado con el apoyo y diligencia debida por parte de las autoridades.

También se aprobó por unanimidad de 27 votos a favor, el Punto de Acuerdo presentado por el diputado José Ramón Torres García para exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Salud de Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen actividades tendientes a garantizar que la población migrante en el estado de San Luis Potosí, reciba la vacuna contra el virus denominado COVID-19, tomando en consideración que algunos no cuentan con documento de identidad como la clave única de población (CURP).

Además, que se realicen campañas de difusión para que los grupos migrantes puedan acceder a la vacuna proporcionando su nombre, edad y país de origen, en suma consideren y realicen campañas de difusión del Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19.

A las comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Migratorios, se turnaron las iniciativas planteadas por el diputado José Ramón Torres García, para reformar el artículo 31 en sus fracciones, V, y VI; y adicionar al mismo artículo 31 la fracción VII de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí, para suscribir convenios de cooperación y coordinación, con la Fiscalía General del Estado en el ámbito de sus atribuciones, para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes en el estado; y el artículo 8° en su párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer que queda prohibida toda discriminación motivada por la condición o situación migratoria.

La diputada Liliana Flores Almazán presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí; yde la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí para cambiar la denominación del Instituto, para pasar a llamarse Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Originarios y sus Comunidades del Estado de San Luis Potosí, sin que sus funciones resulten alteradas.

De igual manera, y para favorecer la armonización de los cambios dentro de las funciones legislativas, se propone cambiar también la denominación de la Comisión de Asuntos Indígenas de este Congreso, para denominarse Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios, en la Ley Orgánica de este Congreso estatal.

En el mismo sentido, la legisladora Flores Almazán presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para sustituir las menciones a indígenas, introduciendo también los nuevos términos para referirse a las comunidades como pueblos originarios; ya que no se puede dejar de subrayar la importancia de esta norma, debido a que regula un instrumento fundamental de la participación de los pueblos originarios, para poder llevar a cabo la planeación, programación y evaluación de la legislación, las políticas públicas, proyectos y acciones que les afecten. Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Asuntos Indígenas, Puntos Constitucionales y Gobernación.

La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría presentó, a nombre propio y de la diputada Bernarda Reyes Hernández, ylos diputados Mauricio Ramírez Konishi, Alejandro Leal Tovías, y Edmundo Azael Torrescano Medina, presentó una iniciativa para reformar el artículo 124 en su fracción XII de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que el Consejo Municipal de Transporte Público se integre en el caso de los municipios con presencia indígena, con la persona Titular del Departamento de Asuntos Indígenas Municipal, que fue electo mediante un proceso de consulta con base en el Padrón de Comunidades Indígenas a través de las asambleas comunitarias.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga; y ciudadanas, Irazamy Portillo Vázquez, y Lilia Faviola Hernández Calderón propuso la iniciativa para reformar el artículo 16 en sus fracciones, VI, VIII, y IX; y adicionar al mismo artículo 16 la fracción X de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí para establecer que en aplicación del principio de Equidad y No Discriminación, la Comisión prestará especial atención a la situación de los grupos de la sociedad, que han sufrido y sufren especiales vejaciones por su circunstancia a las “Personas que asuman su identidad de género y orientación sexual no convencionales, así como las que forman unidades familiares”, y a los “adultos mayores”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género.

También a legisladora Martínez Lárraga, propuso junto con elC. Carmelo Rodríguez Rojas, iniciativarequiere reformar el artículo 9° en su párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y reformar el artículo 3° en su párrafo último de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para suprimir los términos Pame y Xi’oi del texto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, así como de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y sus Municipios, y sustituirlos por el término Xi’iuy que efectivamente da identidad a la etnia. La iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas.

El diputado Juan Francisco Aguilar propuso una iniciativa para adicionar el artículo 57 Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para establecer la prohibición a los ejecutores del gasto, programar, autorizar o contratar, en favor de sus funcionarios o empleados, seguros de gastos médicos privados. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Hacienda del Estado.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, se turnaron las iniciativas planteadas por la diputada Ma. Elena Ramírez Ramírez que tienen como fin reformas a diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado.

El diputado Antonio Lorca Valle presentó una iniciativa de Acuerdo Económico para solicitar a la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado que los vehículos que formen parte de los activos del Congreso del Estado, bajo ninguna circunstancia sean asignados para uso de los legisladores, ni de su personal.

En virtud de lo anterior, se propone que los estrictamente necesarios se utilicen en las actividades propias de la institución, bajo el resguardo del área administrativa correspondiente y que el resto de vehículos se transfieran en comodato a los asilos, albergues, casas hogar o instituciones de asistencia social, previo diagnóstico de necesidades del DIF Estatal. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación, con copia a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.

En otro tema, el legislador propuso reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual sustituirá a la actual Secretaría de Seguridad Púbica del Estado, a fin de incorporarle un enfoque de efectividad y proximidad social, incorporación permanente y transversal del respeto y promoción de los derechos humanos.

Además, de ampliar el espacio de acción para la prevención del delito y la cultura de la legalidad y mejorar las capacidades interinstitucionales de coordinación estratégica y operativa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como las corporaciones municipales de seguridad ciudadana en cada uno de los 58 ayuntamientos potosinos. Se turnó a las comisiones Puntos Constitucionales; y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

A las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, se turnó la iniciativa que busca instalar sistema de digitalización de sesiones en el Pleno, con terminales electrónicas en cada curul que permitan lectura y seguimiento de Gaceta Parlamentaria, emisión de votos, pase de lista, orden del día, participaciones y control de tiempo en uso de la palabra, para modernizar las actividades parlamentarias y reducir huella ambiental, propuesta por el diputado Antonio Lorca.

Se recibieron las iniciativas que buscan reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, presentada en su momento por el entonces Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a fin de homologar disposiciones en materia de gasto, con las establecidas en la legislación federal. Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda del Estado.

En Asuntos Generales, la diputada Emma Idalia Saldaña solicitó un minuto de silencio por la muerte de la agente de la Policía Municipal, Mayra Elizabeth Guzmán, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, y llamó a las autoridades estatales, la Fiscalía General del Estado fortalezcan sus acciones para el esclarecimiento de este crimen a la brevedad.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Mauricio Ramírez Konishi manifestó la disposiciónpor trabajar a favor de San Luis Potosí y de su población, en conjunto con las autoridades estatales y municipales que inician funciones.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Eloy Franklin Sarabia exhortó a los presidentes municipales entrantes a actuar con responsabilidad en sus cargos, y brindar un buen servicio a la población, y a la Auditoría Superior del Estado a revisar las cuentas públicas de las actuales administraciones municipales y señalar las posibles irregularidades.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga solicitó información sobre el presupuesto que fue utilizado para la realización de la Sesión Solemne, donde rindió protesta de ley el Gobernador del Estado.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Ordinaria el próximo jueves 7 de octubre de 2021, a las 10:00 horas en modalidad presencia, en el salón “Ponciano Arriaga Leija”.