Martes 26 de Noviembre 2024 San Luis Potosi, Hora Local 16:05,

LXIV LEGISLATURA


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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Se requiere enriquecer marco jurídico para protección de libre prensa.

Por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo por el que se  exhorta respetuosamente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, a convocar y realizar durante el primer semestre de éste año 2023, una serie de encuentros con expertos, académicos, periodistas, representantes de los medios masivos de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y toda persona interesada en revisar, enriquecer y retroalimentar el marco jurídico en materia de protección al derecho a la libre prensa y al ejercicio libre del periodismo y obtener además, los protocolos específicos para garantizar esos derechos en todo tiempo y circunstancia, particularizándolos en tiempos de los procesos electorales próximos a realizarse.

 

También se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pronunciarse al respecto e iniciar queja de oficio cuando se susciten casos de violencia a periodistas en razón de género; y al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, capacitar a quienes están a cargo de unidad estatal para atender a dicho gremio. Tercero.

 

En tribuna del Poder Legislativo, el diputado Eloy Franklin Sarabia, presidente de la Comisión Especial de Atención a periodistas, señaló que, el Congreso del Estado, se pronuncia enérgicamente en contra de cualquier acto de violencia hacia periodistas, a su derecho a la libre prensa y al ejercicio libre del periodismo con énfasis en la que se ejerce en razón género.

 

En el dictamen respectivo se señala que lamentablemente, en los últimos años, México se mantiene como uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo, y se le señala como el país sin conflicto armado más peligrosos para ejercer dicha profesión, sin que hasta la fecha las reformas y acciones emprendidas por el gobierno hayan sido suficientes para frenar la ola de violencia desatada en contra del periodismo.

 

En San Luis Potosí se ha generado desde el 2012, diversos esfuerzos como consecuencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el 25 de mayo de 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí y, posteriormente el 10 de diciembre de 2017, en atención al homicidio de un fotoperiodista en el Estado, se emitió el Decreto Administrativo que crea la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y que establece los lineamientos para su funcionamiento.

 

Por lo anterior, es importante que el estado asuma con la mayor responsabilidad esta problemática, con una visión integral y multidimensional, y con la seriedad que debe darse a estas situaciones, lleve a cabo todas las acciones que estén a su alcance para ofrecer a las y los periodistas en el Estado, la mayor seguridad protección posible en el ejercicio de su actividad periodística, lo cual implica un esfuerzo de coordinación y ejecución funcional de acciones de las instancias y dependencias del poder ejecutivo aunado a las que corresponden a los organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todos los demás entes implicados.

 

Se indica que debe dar especial énfasis a encuentros con expertos, académicos, periodistas, representantes de los medios masivos de comunicación, personas defensoras de Derechos Humanos y toda persona interesada en revisar, enriquecer y retroalimentar el marco jurídico en materia de protección al derecho a la libre prensa y al ejercicio libre del periodismo y obtener además, los protocolos específicos para garantizar esos derechos en todo tiempo y circunstancia, particularizándolos en tiempos de los procesos electorales próximos a realizarse a efecto de garantizar que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos no queden en la impunidad.