La legisladora Josefina Salazar Báez presentó, en sesión de la Diputación Permanente, una iniciativa de adición al artículo 158 BIS del Código Penal del Estado para establecer el delito de desaparición forzada por particulares.

Así, se establece que comete el delito de desaparición de personas por particulares, la persona o grupos de personas que, no teniendo el carácter de servidores públicos, en cualquier forma priven de la libertad a otra persona, o bien consientan, apoyen, encubran o toleren que otros lo hagan, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento, o de la negativa a proporcionar información sobre el paradero o localización de la persona desaparecida.

Indicó que esta conducta será sancionada con una pena de doce a cuarenta años de prisión y sanción pecuniaria de mil quinientos a cuatro un mil días de salario mínimo, además de la obligación de reparar el daño a la víctima y a las víctimas secundarias.

Salazar Báez consideró que en virtud del fenómeno delictivo que se presenta en nuestro estado, y que se ha vuelto particularmente sensible en delitos como homicidios doloso, feminicidios y desapariciones forzadas, es necesario que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y urgencia en apoyo al trabajo que realizan las instituciones públicas encargadas de prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos, proveyéndolas de un marco jurídico referencial.

“Actualmente, por carecer de un tipo penal como el que proponemos, los ministros públicos tienden a clasificar este delito como secuestro o desaparición forzada sin serlo, en otros casos, su acción se constriñe a levantar simples reportes, por lo que en muchas ocasiones, tampoco se abren las carpetas de investigación que corresponden; no se aplican debidamente los protocolos de búsqueda de personas; no se lleva un control y adecuada sistematización de la estadística delictiva; y no se actúa con todo el peso del Estado en la sanción de estas graves conductas ilícitas”.

Por ello, dijo, es necesario que sin menoscabo de que en el corto o mediano plazo se pueda trabajar en la confección de una ley para prevenir, erradicar y atender las desapariciones forzadas y por particulares en el Estado, el Congreso del Estado se aboque al estudio de la presente iniciativa y acuerde la aprobación de un tipo penal que reconozca algo que ya está ocurriendo en la sociedad y que lastima a muchas familias que sin esta tutela, están quedando en la indefensión.

“De lo que se trata, es de dar pasos firmes para proteger la integridad de las familias potosinas y sus integrantes y mejores herramientas de trabajo a nuestras autoridades de seguridad pública y procuración de justicia”; enfatizó.

La legisladora hizo hincapié en que su propuesta reconoce el delito de desaparición forzada de personas por particulares; establece que el delito no prescribirá y en síntesis, responde a uno de los reclamos sociales más sensibles y más sentidos.

Esta propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia; y, Derechos Humanos, Equidad y Género.