La diputada Dulcelina Sánchez de Lira consideró urgente emprender acciones en relación con las condiciones en las que se encuentran las mujeres internas en los centros de reinserción social en San Luis Potosí.

Por ello, presentará un punto de acuerdo para que el Poder Legislativo exhorte al Gobernador Constitucional del Estado, así como al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a fin que a la luz del informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, informen a esta Soberanía, sobre las acciones que, de acuerdo con sus atribuciones, se han instrumentado para prevenir y erradicar prácticas que resultan en la violación de los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reinserción social de la entidad.

En el punto de acuerdo que se presentará la legisladora señala, como antecedentes, que el 25 de junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública, el “Informe Especial de sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana”, a través del cual, hizo patente la necesidad de que las autoridades encargadas del sistema penitenciario mexicano, tomaran medidas pertinentes y realizaran acciones a efecto de que garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana.

En dicho informe quedó demostrado que la situación de los centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales de estas personas, debido a una serie de irregularidades en materia de instalaciones, alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad; actividades laborales, educativas y deportivas; condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres; maltrato; diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre éstas y los varones, particularmente por la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios, así como de los satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de sus hijos que permanecen con ellas.

Para atender las irregularidades señaladas en el documento referido, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a los que ocupan los hombres; separar a las internas sentenciadas de las procesadas; edificar locales y/o establecimientos con instalaciones apropiadas para la atención médica, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades deportivas, entre otras.

 No obstante lo anterior, al subsistir en gran medida las irregularidades señaladas en dicho informe, lo que demuestra que los gobiernos Federal y estatales no han realizado acciones efectivas para dar cumplimiento a las propuestas referidas, dio pauta para la formulación de un nuevo Informe Especial en el año 2015.

Es así que el 18 de febrero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, a través del cual hace patente y reitera su gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas, a partir de una evaluación a los centros de internamiento donde se alojan, lo que hace necesario que las autoridades encargadas del sistema penitenciario mexicano tomen las medidas pertinentes y realicen acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición de internas; entre otros antecedentes.