La LXIII Legislatura del Congreso del Estado realizó este día, la instalación oficial del Grupo Técnico Operativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y afrodescendientes, la cual se llevó a cabo en la comunidad de Tamaletom, en el municipio de Tancanhuitz.

En este evento, estuvieron presentes como parte de la Entidad Normativa, las diputadas Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado; Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política; así como las y los legisladores Claudia Tristán, Eloy Franklin Sarabia, René Oyarvide Ibarra, Elena Ramírez, Emma Saldaña, y Liliana Flores Almazán.

Como parte del Poder Legislativo, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Filemón Hilario Flores, quien también funge como secretario técnico de dicha entidad; y por parte del Poder Judicial, la Magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, coordinadora de la Comisión de Justicia para pueblos originarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Rindieron protesta los integrantes del Grupo Técnico Operativo, quienes fueron calificados por la Entidad Normativa, cubriendo los requisitos de ser personas integrantes de los pueblos indígenas y con conocimientos de la lengua materna y de los derechos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Como secretaría técnica del mismo, rindió protesta Ana Marcela Sánchez Flores, para completar dicho cuerpo técnico quienes realizarán la consulta en campo.

Los integrantes del Grupo Técnico Operativo son: Adolfo Ortega Ramírez, Ángel Martínez Antonio, Araceli Hernández Cruz, Arcadio Martínez Oyarvide, David Martínez Reyes, Floriberta García Marcelino, Josafat Navarro Hernández, María Mercedes Cruz Martínez, María Vicenta del Castillo Castillo, Diego Olegario Flores Terán, Isabel Martínez Castro, Vianey Santiago Cruz, Ramón Medina González, Rocío Reyes Martínez, Rosa Amelia Rodríguez Sánchez, Rosario Hernández Vélez, Rufino Medina Robles, Sebastián Placido Cruz, Victorina de Jesús Montero,y Yesenia Mendoza Santiago, integrantes de las comunidades teének, náhuatl, xi´iuy norte, y xi´iuy sur.

La diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la Directiva, destacó la relevancia de este ejercicio, el cual se llevará a todas las regiones del estado con presencia de pueblos y comunidades indígenas y de afrodescendientes, para conocer sus opiniones para el desarrollo del estado.

“Será un trabajo arduo donde en conjunto, los tres órdenes de gobierno estaremos trabajando por los pueblos y comunidades indígenas con el objetivo de impulsar acciones para San Luis Potosí”. señaló.

La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos indígenas, manifestó que entre los temas que se consultarán se encuentra la Ley Electoral del Estado; el tema de educación indígena con perspectiva intercultural; los traductores con presencia jurídica en materia de salud, así como la ley de consulta y la Ley de Derechos Lingüísticos.

“Estos temas son fundamentales para los pueblos originarios, no obstante a que tenemos estos temas, no serán limitativos para que puedan proponer algunos otros temas en los que a ellos les gustaría que a nosotros legislemos, y de igual manera tenemos dentro del Plan de Desarrollo, vamos a tener la oportunidad de que propongan como quieren que los programas sean dirigidos a ellos”.

El diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que además del tema electoral, se busca conocer la opinión de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, sobre distintos ordenamientos.

Dijo que en lo relacionado a la Ley Electoral del Estado, se debe cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contar con una nueva legislación electoral antes del mes de septiembre, aunque a nivel nacional se discute una posible reforma nacional.

En la reunión, se indicó que desde el año de 1989, nuestro país suscribió el Convenio 169 de la OIT, el cual fue debidamente ratificado y publicado con posterioridad, y es a partir de esta firma que se asume la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, previo a su aprobación sobre leyes, programas y planes del estado, que impacten en su vida.