El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de México a que, a través de su Secretaría de Gobernación, haga del conocimiento público los avances en la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en todo el territorio nacional.

También exhortó, de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México a tomar las medidas necesarias para la correcta implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la libertad de expresión y la realización de la actividad periodística sin riesgos a la integridad de los que ejercen esta actividad.

La propuesta fue presentada por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política José Luis Fernández Martínez y el diputado secretario Rubén Guajardo Barrera, en nombre de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Expusieron que “la construcción de una opinión pública libre, objetiva y plural no puede ser posible en un contexto de violencia hacia los medios de comunicación y particularmente hacia los periodistas, pues, impide que la ciudadanía conozca verazmente y de manera oportuna la realidad de los conflictos sociales y de manera paralela impide el avance del país”.

El atentado hacia la libertad de expresión ha tomado forma mediante la canalización de violencia física y psicológica contra los informadores, es así que datos de la Organización Article 19, refiere que en nuestro país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; con 644 ataques documentados en todo el año 2021 y, en lo que va del 2022 se han consumado 11 asesinatos a periodistas, número que ya supera el total de años anteriores.

Señalaron que “este hecho se contrapone a los avances de la transición hacia el progreso nacional, pues impide la creación de un modelo de desarrollo justo, profundizando los problemas sociales como la pobreza, la marginación, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y obstaculiza el crecimiento social apoyado en el respeto a la libertad de expresión reconocido por la Constitución Política Mexicana y los acuerdos internacionales de los que nuestra nación es parte”.

Este panorama, presente y pasado, ha dado pie a que en nuestro país se haya creado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como finalidad establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y

Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

El Punto de Acuerdo aprobado establece que “sin lugar a dudas la implementación de este mecanismo es una respuesta al entorno de la violencia ejercida hacia la libertad de prensa, sin embargo, en palabras de los mismos interesados de su correcta aplicación, aún persisten serias deficiencias para que el mecanismo cumpla con su función, prueba de ello la creciente agresión de la que aún son parte en todos los estados de nuestro país”.

“La  LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, reconoce la libertad de prensa como esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y señala que, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

“Es urgente que, a la par de una correcta aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas los tres niveles de gobierno adopten medidas concretas encaminadas a garantizar la labor de los periodistas, sobre todo en aquellas zonas del país en donde existe una situación de riesgo real e inminente para el ejercicio periodístico y la posibilidad razonable de prevenir y evitar el daño”.

Puntualizaron que “las y los legisladores potosinos tenemos que ser conscientes de la preocupación existente entre los periodistas, pues, por una parte obstaculiza el correcto desempeño de su profesión pero por otra pone en grave peligro la integridad física de estos así como la de sus familias”.

En nombre de la representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza, diputada María Claudia Tristán Alvarado reconoció la labor de los periodistas y activistas en la construcción de un estado democrático; “de manera institucional debemos garantizar el ejercicio de su profesión y la libertad de expresión que es base fundamental de la democracia”.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado René Oyarvide Ibarra hizo un llamado a las autoridades para duplicar esfuerzos para que se respete el ejercicio de los periodistas, “porque la libertad de expresión no se limita, condiciona ni se reprime y no hay otro camino más que levantar la voz para garantizar la vida y reconocer la labor de los guardianes de la verdad, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

El legislador del PVEM diputado Eloy Franklin Sarabia lamentó la violencia cotidiana y frecuente contra los periodistas y sus familias para silenciar opiniones incómodas; además, un periodista es mal pagado, no tiene prestaciones sociales y esa también es una forma de violencia en su contra, “por lo que nos solidarizamos con su exigencia de justicia”.

La diputada del PAN, Aranzazú Puente Bustindui lamentó que desde la Presidencia de la República se ofenda y agreda a los periodistas, no obstante que México es el país sin conflicto armado más peligroso para ejercer el periodismo; llamó a los tres órganos de gobiernos a que adopten medidas concretas encaminadas a garantizar su labor.