En reunión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se aprobaron la reforma al artículo 43 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el fin de clarificar competencias de autoridades para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar casos en que se vean afectados a niñas, niños y adolescentes.

Además, clarificar la norma tratándose de tráfico de personas menores de 18 años y homologar la norma estatal con la federal para incorporar la esclavitud, como forma conexa al trabajo infantil, indicó la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de esta comisión Legislativa.

En la exposición de motivos, se señala que la infancia potosina tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y que se pueda derivar en el resguardo de su integridad personal, con el objetivo de que desde el Estado se puedan generar las mejores condiciones de bienestar y se logre proteger el libre desarrollo de su personalidad.

En otro tema, se aprobó también el Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional con sede en San Luis Potosí, a implementar un sistema digno y eficiente para la atención a las usuarias y usuarios que acuden desde otros municipios a realizar trámites a las oficinas de dicha dependencia.

Se indica que las instituciones públicas estatales y federales, están obligadas a ofrecer un trato eficiente, de calidad y con calidez, y sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas que acuden a realizar trámites o a obtener un servicio, aún más cuando se trata de personas campesinas, comuneras o ejidatarias que acuden por verdadera necesidad de resolver asuntos relacionados con sus tierras, desde lejos, y muchas de las cuales pertenecen a grupos vulnerables.

Por ello, es necesario que las instituciones, en este caso el RAN, implemente un sistema de atención que evite que se genere una situación como la que antes se ha descrito, y que sin duda, afecta la dignidad de las usuarias y usuarios, que resulta ineficiente y provoca aglomeración de personas en un contexto aún de pandemia.

Ambos dictámenes se presentarán al Pleno para su votación.