Las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen que propone reformas a la Ley de Control de Confianza, informó su presidente diputado Rubén Guajardo Barrera. De esta manera, se establece en el artículo sexto que: “en cada uno de los resultados de las pruebas practicadas -exámenes de control y confianza- deberá asentarse los datos de identificación del personal que las aplique”.

En el artículo 20 se señala que: “una vez que las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada, reciban los resultados de las evaluaciones practicadas a su personal y cuando en el caso resulte procedente aplicar alguna sanción derivada del resultado de las mismas, atenderán a lo dispuesto en el numeral 11 de la presente ley e iniciarán bajo su más estricta responsabilidad, los procedimientos administrativos correspondientes dentro de los siguientes tres meses contados a partir de la recepción de los resultados”.

El legislador explicó que “con esta reforma se le está dando certeza a las dos partes, a los elementos que hacen los exámenes para que tengan certeza de quién, cómo y en dónde se les hacen estas pruebas y cuando no se aprueban, se le dé seguridad al Estado para que, cuando exista un proceso jurisdiccional, pueda llevarse de una forma justa y las dos partes puedan defenderse. Guajardo Barrera señaló que los elementos de las diferentes corporaciones tendrán certeza jurídica y esta medida va a fortalecer a todo el sistema de seguridad pública; los datos de los peritos solamente los conocerá el juez durante un proceso jurisdiccional: actualmente existen judicializaciones y amparos porque no se sabe quién aplica el examen y el elemento no tiene manera de defenderse, por ello se trata de una reforma correcta y justa.

En la reunión de la Comisión se aprobó el dictamen que propone aprobar con modificaciones la iniciativa que busca reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, para la instalación de inhibidores de señal telefónica en los Centros Penitenciarios del estado, ya que la mayor parte de las extorsiones telefónicas se llevan a cabo desde el interior de estos lugares; la cobertura del bloqueo en el exterior no deberá exceder los 20 metros.

En asuntos generales, la diputada Emma Idalia Saldaña propuso que se elabore un punto de acuerdo para hacer un llamado a los propietarios de centros de diversión -antros- a fin de que se utilicen paletas detectoras de metales en sus establecimientos y evitar que entren clientes armados, lo que beneficiará la seguridad evitando hechos lamentables como los ocurridos el fin de semana en la Plaza Chapultepec, en la Capital Potosina.