A nombre de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, el diputado Eloy Franklin Sarabia presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que atienda con prontitud, íntegramente y expeditamente las denuncias que presentan los periodistas sobre posibles delitos que se cometen en su contra.

A  la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se pronuncie e inicie queja de oficio cuando se susciten casos de violencia contra periodistas; al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de que se capacite a quienes están a cargo de la Unidad Estatal de Protección en ese rubro para que atiendan debidamente al gremio periodístico; a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana para que establezca un número telefónico de emergencia para atender a los comunicadores; y finalmente para que el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí aplique con enfoque diferenciado e interseccional con perspectiva de género a favor de las mujeres periodistas.

Señala en su exposición de motivos, que es frecuente que las personas que se dedican a la actividad periodística sufran agresiones y violencia por parte de los servidores y funcionarios públicos, pero también del crimen organizado.

De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, México ocupa sexto lugar con más riesgos para el ejercicio del periodismo, pues solamente lo que va de los primeros seis meses de este año 2022, esta organización en su informe “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, refiere que se han registrado 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, es decir, que las agresiones ocurridas en la primera mitad de este año superaron en 51.83% los actos de violencia cometidos en el mismo periodo del gobierno anterior (primer semestre del año 2016).

Indica que en el caso de San Luis Potosí,  existen casos específicos y concretos donde han existido las agresiones físicas, verbales y a través de los medios digitales, así como la intimidación y las amenazas a los periodistas, ligadas con la actividad propia que desempeñan, donde se han presentado denuncias y quejas ante las instituciones de procuración de justicia y de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, los fiscales y servidores públicos encargados de atender y de procesar dichas denuncias y quejas no han sabido o querido investigar e integrar debidamente las carpetas de investigación o las quejas, pues no se abocan a perfeccionar dichos instrumentos, y duran años sin resolver y sin que avance en dichas indagatorios, haciendo evidente que no existe la voluntad de llegar al fondo de los asuntos.

Aunado a esto, en las medidas de protección que se proporcionan mediante la asignación de custodias para la protección de la vida y la integridad de los periodistas y sus familias, los policías asignados solo se aparecen unas horas los primeros días, aunado a que el número telefónico de emergencia que la dependencia estatal de seguridad les proporciona cambia continuamente.

Además, en relación a las mujeres que se dedican a la actividad del periodismo, se hace necesario que las instancias gubernamentales correspondientes promuevan entre los servidores y funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno, políticas públicas de respeto y trato digno de las periodistas desde una perspectiva de género, que evite la discriminación de las mismas.