El Congreso del Estado aprobó exhortar al Fiscal General del Estado asigne recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para aplicación del Protocolo de Atención a Mujeres Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, en el ejercicio 2022, y subsecuentes.

Se busca también que se fortalezca la capacitación al personal del organismo constitucional autónomo a su cargo sobre la aplicación del marco convencional y legal de lucha contra la discriminación contra las mujeres y las violencias feminicidas.

También, exhorta al respetuosamente al Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí (SEPASEV), para que con base en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, evalúe, en su caso reoriente, y establezca las metas conducentes al cumplimiento de objetivos del mismo, calendarizando a corto, mediano y largo plazo las acciones respectivas, debiendo coordinarse para su aplicación y desarrollo con las autoridades estatales, y los municipios.

Esto, a fin de gestionar la adecuada aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos, programas, protocolos y acciones relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, con especial énfasis en las mujeres indígenas, las afromexicanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, y las mujeres pertenecientes a colectivos de la diversidad sexual, entre otras.

El Punto de Acuerdo fue propuesto por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, e indica además que la violencia contra las mujeres es un flagelo constante y sistemático, por lo que se deben atender las acciones necesarias para erradicar las múltiples violencias en todas sus modalidades en contra de las mujeres y niñas potosinas.

Señala que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la contra la Mujer, de las Naciones Unidas, le preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las niñas, en el disfrute de sus derechos humanos.