Las diputadas Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Cinthia Verónica Segovia Colunga y los diputados José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, René Oyarvide Ibarra y Salvador Isaís Rodríguez, presentaron iniciativa que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado.

La propuesta propone reformar el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado donde se establece que no podrán existir distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de origen étnico, nacional o regional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, apariencia física, por embarazo, opiniones, preferencias sexuales, políticas o culturales, estado civil.

Tampoco por tener tatuajes o modificaciones corporales, costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas que atenten contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En la exposición de motivos se menciona que, es de suma importancia plasmar en las leyes textualmente las prohibiciones que deben existir respecto a la disposición de condicionar la elección de una persona por tener o no tatuajes, así como algunas otras causales que han sido motivo de discriminación.

Se explica que, la libertad de expresión es un derecho humano, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tener un tatuaje es parte del desarrollo de la personalidad, por eso si un patrón o empresa rechaza o despide a un trabajador por tatuarse, descubrir que está tatuado o no lo quiere contratar, estaría incurriendo en una acción discriminatoria con consecuencias legales, sin embargo es necesario que esta disposición se encuentre plasmada en la ley.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Derechos Humanos para su análisis y posteriormente, ser enviada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en su caso ser votada.