El diputado José Ramón Torres García presentó una iniciativa que plantea reformar el tercer párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado con la finalidad de establecer en el texto Constitucional, la prohibición de toda clase de discriminación por la situación o estatus migratorio, la cual se analiza en comisiones.

La iniciativa busca añadir en la Constitución del Estado la prohibición de toda clase de discriminación originada por la situación o condición migratoria, toda vez que los datos arrojados por la CONAPRED, señalan que, entre los grupos más discriminados, son las personas migrantes en tránsito irregular.

Este grupo vulnerable tiene las características de no contar con la documentación necesaria y/o oficial, sufre discriminación estructural de parte del Estado (funcionarios de los niveles de gobierno, acceso a la identidad, justicia, educación y servicios de salud), violencia y detenciones arbitrarias de parte de las autoridades e inequidad en la remuneración laboral.

“Actualmente nos encontramos ante el mayor fenómeno migratorio tanto a nivel mundial, como en el Estado, la migración incide en la vida de las mayorías de las personas, por diversos factores, como son, económicas, sociales, políticas, familiares o personales que impulsan la migración de personas potosinas a otras entidades o hacia el extranjero”.

Señaló el diputado Torres García que “resulta necesario atender el fenómeno denominado migrante con retorno, que es aquella persona que actualmente reside en el Estado, pero proviene de otro país, principalmente de los Estados Unidos”.

De acuerdo a estimaciones basadas en la Encuesta Intercensal 2015, existen en el Estado 12,146 migrantes de retorno provenientes de Estados Unidos, cifra que sitúa a San Luis Potosí en el lugar 14 de los Estados con mayor número de migrantes de retorno.

La población migrante de retorno procedente de Estados Unidos, se concentra en los municipios de San Luis Potosí (22.0%), Rioverde (8.1%), Soledad de Graciano Sánchez (6.6%), Ciudad Valles (5.8%) y Ciudad Fernández (5.1%.). Se prevé que los datos aumenten en un 5.0 % de los migrantes con retorno.

La redacción establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la condición o situación migratoria, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La iniciativa fue trunada a comisiones para su análisis y dictaminación.