Iniciativa de Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado.
Las diputadas Liliana Flores Almazán y Emma Saldaña Guerrero, presentaron iniciativa que propone expedir la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí.
Se indica en la exposición de motivos, que esta iniciativa rescata la parte relativa al desarrollo rural sustentable para regularlo en una misma ley, a fin de evitar la dispersión de su contenido y actualizarlo, pues con su unificación se focalizan las acciones y políticas de manera integral, evitando lagunas jurídicas en este importante ramo.
Esto, permitirá a las autoridades competentes contar con un marco jurídico acorde a la coyuntura actual que le permita actuar y desarrollar las mejores condiciones para el apoyo al desarrollo rural, enfocado al mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.
En consecuencia, se derogan diversos artículos de la Ley Agrícola para el Estado de San Luis Potosí, los elementos normativos referentes al fomento de la actividad respectiva, a fin de concentrarlas en la ley que se propone, focalizando así las políticas, los programas y la acción pública en beneficio de la población rural.
Señala que actualmente, en la Ley Agrícola para el Estado, la materia de fomento al desarrollo rural, queda dispersa y deja de verse en su integralidad el fomento y apoyo que requiere el desarrollo rural, entendido éste como el “proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado y autosostenible destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y medioambiental.
Sus objetivos son la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, a través del incremento de los niveles de renta, la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. Este proceso de desarrollo debe ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado, ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo, la población local.”
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal; Puntos Constitucionales; y Desarrollo Económico y Social; Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado.