La legisladora Gabriela Martínez Lárraga impulsa una iniciativa que propone incluir como faltas administrativas graves el hostigamiento y acoso sexual en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, el objetivo es prevenir y, en su caso, impedir la impunidad de estas conductas en el campo laboral desde una perspectiva de género.

La propuesta busca reformar el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para quedar de la siguiente manera: “Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 51 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; o cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 4º fracción XVI, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

En su exposición de motivos, la diputada Martínez Lárraga explicó que la Organización Internacional del Trabajo se ha propuesto promover la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a un trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 

“A pesar de estos esfuerzos, la realidad de las mujeres en el campo laboral, siempre ha sido de desventaja respecto a los hombres por circunstancias desiguales como la negativa de contratación en relación con el embarazo, el pago de salario desigual por trabajo del mismo valor, la falta de capacitación, la ausencia de ascensos, el acoso psicológico, así como el hostigamiento y acoso sexual, por mencionar algunas conductas, éstas últimas, cada vez más recurrentes”, indicó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.