El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández impulsa una iniciativa para modificar los Artículos 8º fracción III, 11 y 21 fracción VI de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Recordó que el 18 de junio de 2008 y 10 de junio de 2011, fueron aprobadas a nivel nacional una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos, respectivamente, mismas que en su momento fueron uno de los desafíos más notables en los ámbitos de prevención, procuración e impartición de justicia.

Refirió que la iniciativa que presentó en su Artículo 8º. Se plantea que son autoridades en materia de prevención escolar: El Gobernador del Estado; El Secretario de Seguridad Pública en el Estado y el Fiscal General del Estado. Mientras que el Artículo 21. Plantea que el Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar estará integrado por el Fiscal General del Estado.

El legislador Aguilar Hernández plantea en su exposición de motivos que al día de hoy, nuestro estado cuenta con un “Fiscal General del Estado”, figura que si bien es cierto se encuentra contemplada en nuestra Constitución Local, así como en diversas leyes estatales, no se ha  actualizado, ni previsto concretamente en nuestra Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Por lo anterior, debe decirse que la citada Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí; requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de las reformas y actualizaciones a nuestro marco normativo, por lo cual, es necesaria su modificación y homologación con las diversas leyes.

Además, comentó que es evidente que la presente iniciativa de reforma debe formalizarse por medio de una armonización jerárquica de las leyes, es decir, “que por medio del Poder Legislativo, las leyes locales, en este caso, la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí; concuerde en su contenido y dirección con nuestra propia Constitución Local, dando de esta manera seguridad jurídica a los gobernados, y armonizando las leyes locales con la Constitución de nuestro Estado.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis.