El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para que a la brevedad se presente un marco jurídico que regule la operación del programa “Mi Pase”, que contempla apoyos a estudiantes para transporte público gratuito.

Se pide que la SCT del Estado, implemente un plan de acción para erradicar las malas prácticas que incurren diversos operadores y concesionarios del transporte público afiliados al programa, así como una continua revisión a las unidades de transporte para corroborar el correcto funcionamiento de los dispositivos móviles de cobro y establecer las sanciones correspondientes a quienes actúen en perjuicio del programa.

El Punto de Acuerdo fue promovido por las diputadas Bernarda Reyes Hernández, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y los diputados Edmundo Azael Torrescano Medina y Alejandro Leal Tovías, para exhortar a la SCT a que tome medidas a la brevedad para regular la operación del programa “Mi Pase”.

El diputado Edmundo Azael Torrescano Medina señaló que, “el objeto de la implementación del programa Mi Pase es muy claro, se busca dotar de apoyos a las y los jóvenes para que el traslado a sus centros de estudios o trabajos no sea una carga impositiva para su economía, sin embargo, no se encuentra algún marco jurídico que regule su implementación”.

Explicó que, “desde la presentación de las denuncias ciudadanas a la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, no ha informado ningún plan de acción, así como sanciones para los operadores y concesionarios que incurren en estas malas prácticas y que afectan directamente a las y los jóvenes potosinos”.

“Por lo que resulta inaplazable que se implemente un marco jurídico que contemple una operación efectiva del programa, en el cual se contemplen los planes de acción para contrarrestar estas malas acciones y se apliquen las sanciones correspondientes para aquellos que incurren en ellas”, señaló.

Es por eso la necesidad de emitir este Punto de Acuerdo, ya que no se puede permitir la vulneración de los Derechos Humanos de las y los jóvenes del Estado como lo son; movilidad, trabajo y educación.