La diputada Gabriela Martínez Lárraga dijo que, de la mano de colectivos nacionales y locales, así como de la ciudadanía, dará seguimiento para que se aplique la Ley 3 de 3 contra la violencia en el estado de San Luis Potosí, la cual busca que ninguna persona que sea deudora de pensión alimentaria, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar, pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Estableció que la minuta con carácter de decreto constitucional, proviene de una iniciativa ciudadana y ya fue recibida en el Congreso del Estado; sin embargo, se tiene hasta el próximo 24 de mayo para resolver el tema.

“San Luis Potosí no puede ser omiso en un tema que es fundamental para las mujeres y niñas potosinas, tenemos muy poco tiempo para resolver de manera positiva y unirnos a los esfuerzos de los colectivos y de la ciudadanía para erradicar la violencia que tanto lastima el tejido social”.

Destacó que uno de los puntos más importantes es la reforma en los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  para suspender los derechos políticos de las personas que son deudoras alimentarias, acosadores y agresores familiares.

Hizo hincapié en que 17 Estados ya aprobaron la reforma constitucional, por lo que consideró que San Luis Potosí no puede quedarse fuera de los esfuerzos y la lucha por conseguir la erradicación de la violencia que lacera y lastima a mujeres y niñas potosinas.