La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, indicó que se mantiene el análisis de la iniciativa para expedir la nueva Ley de Consulta y Participación Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Dijo que el  objeto es renovar y establecer el marco normativo, salvaguardar los derechos y procurar la justicia de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas; garantizando principios fundamentales que deben ser aplicados en materia de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Indica que el derecho a la consulta indígena se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales y Nacionales, otorgando el reconocimiento y protección de derecho a los pueblos y comunidades indígenas a participar en la vida política, social y cultural del Estado, permitiendo el consentimiento previo, libre e informado, así como la aprobación en la toma de decisiones que afecten sus derechos fundamentales.

Señala que es indispensable garantizar el derecho a la participación y consulta de los pueblos y comunidades indígenas, por referirse a un derecho humano colectivo; debiendo contar con una normativa en la materia, que se encuentre actualizada, sociabilizada y definida con claridad, en cuanto a sus conceptos, principios y fases a seguir en los procesos de consulta.

Agregó que en esta iniciativa se pretende actualizar diversas terminologías y conceptos, para lograr tener una mejor comprensión en cuanto al desarrollo de la consulta. De igual forma se especifican las actividades que deben desarrollar durante el proceso el grupo técnico operativo, modificándose y reduciendo las fases del proceso de la consulta, haciendo este más proactivo y accesible, para el ente consultante como para el ente consultado.
 

Recordó que la finalidad de la Ley en materia de consulta y participación indígena, no solo debe establecer los pasos para consultar, y los supuestos a consultar; si no también debe dar paso al diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Por ende, este ordenamiento, incluye en el objeto obligado a consultar, los mega proyectos, por tratarse de situaciones que pueden generar cambios sociales y económicos y que se tome en cuenta la opinión, la posición, y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas sobre la vida interna relacionada a la instrumentación de medidas legislativas, administrativas o políticas públicas, que afecten su libre determinación.