Para establecer medidas de protección a menores de edad, en relación a la apología de delito, el diputado Edmundo Torrescano Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 188 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa establece un incremento en una mitad, de las penas para quien comete el delito de provocación de un delito y apología del mismo, o de algún vicio, cuando sea cometido a un menor de dieciocho años o la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; y cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión pública por un lapso igual al de la sanción impuesta.

Torrescano Medina indicó que esta medida es justificada, toda vez que se debe combatir este tipo de acciones negativas que laceran a la sociedad

Actualmente, este delito se sanciona con una pena de tres meses a un año de prisión y sanción pecuniaria de treinta a cien días del valor de la unidad de medida de actualización.

En su exposición de motivos, el legislador señala que la apología del delito, es definida como la expresión abierta o implícita de apoyo o justificación hacia conductas criminales, y plantea una serie de desafíos significativos para la sociedad, ya que a medida que la globalización y la tecnología han ampliado las plataformas de expresión, la incidencia de la apología del delito ha adquirido una nueva relevancia, generando preocupaciones en torno a su impacto en la estabilidad social y la seguridad pública.

Señala que la apología del delito actúa como un catalizador para la normalización de comportamientos criminales, al  elogiar públicamente actos delictivos, se corre el riesgo de que estos se perciban como socialmente aceptables, especialmente entre aquellos más susceptibles a la influencia.

Este fenómeno puede llevar a un aumento de la criminalidad, ya que algunos individuos pueden sentirse legitimados para participar en actividades ilegales al considerarlas culturalmente respaldadas.

La incitación a la violencia o la apología del delito que motiva acciones específicas representa una amenaza directa para la seguridad pública. Este tipo de mensajes pueden incitar a individuos o grupos a llevar a cabo actos delictivos, poniendo en peligro la integridad de la sociedad en su conjunto.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Justicia.