El Congreso del Estado aprobó reforma a los artículos 9º y 10 en sus fracciones, II, y III y adiciones al artículo 10 la fracción IV de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado, para garantizar que en la entidad potosina se procure la atención a los migrantes con la debida protección y salvaguarda de sus derechos humanos, previendo los recursos necesarios para que el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos cumplan esta tarea.

La reforma establece que el Ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos, preverán en sus proyectos de Presupuesto de Egresos anual, las partidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley y garantizar en todo momento el respeto y protección de sus derechos humanos.

La iniciativa fue presentada por las legisladoras Bernarda Reyes Hernández, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Liliana Guadalupe Flores Almazán, María Aránzazu Puente Bustindui, Emma Idalia Saldaña Guerrero, Ma. Elena Ramírez Ramírez, Gabriela Martínez Lárraga, María Claudia Tristán Alvarado y los legisladores; José Ramón Torres García, Edmundo Azael Torrescano Medina, Alejandro Leal Tovías, Juan Francisco Aguilar Hernández, Rubén Guajardo Barrera Y Héctor Mauricio Ramírez Konishi.

El Gobierno Federal cuenta con una política migratoria, que se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género.

Por lo que, los Estados del País en el ámbito de sus competencias, deberán, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y prevé la correlativa obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.