Para garantizar la asistencia y auxilio de traductores o intérpretes a las personas con alguna discapacidad, que afecte su comunicación, así como a personas que no hablen el español y no sean indígenas, fue presentada una iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, que fue turnada para su análisis a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.

De esta manera, son facultades del director de la Defensoría Pública ejecutar todas aquellas órdenes que reciba directamente del Coordinador General para garantizar la oportuna defensa y protección de los intereses de los habitantes del estado, y las demás que determine el Reglamento, los ordenamientos legales aplicables y la superioridad.

El derecho a la defensa es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales. Este derecho implica que todas las personas, sin distinción alguna, tengan acceso a un abogado que pueda defender sus intereses en un proceso judicial o administrativo.

Sin embargo, en la práctica, las personas con discapacidad y las personas que no hablan el español encuentran a menudo dificultades para acceder a una defensa adecuada. Esto se debe a que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para contratar un traductor o intérprete, o a que no saben dónde encontrar estos servicios.

El desarrollo industrial y comercial de San Luis Potosí ha conllevado un aumento en la migración de personas de otras naciones que ahora residen en la entidad. Esto ha generado la necesidad de contar con servicios de traducción e interpretación para garantizar el acceso a la justicia de estas personas.

De acuerdo con el INEGI, en 2020, en San Luis Potosí había 42,014 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 2.8% de la población total del estado. De estas personas, 11,484 tienen alguna discapacidad que afecta su comunicación, como sordera, hipoacusia, disartria, afasia, y otras.

Se considera que la iniciativa de reforma es necesaria y urgente para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y las personas que no hablan el español en San Luis Potosí.